BUENOS AIRES, 29 Jun. (Notimérica) -
Argentina recibió el pasado 22 de junio los primeros 15.000 millones de dólares, de los 50.000, que se habían acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, este acuerdo nunca fue debatido en el Parlamento y muchos detractores aseguran que este préstamo de la entidad financiera y sus condiciones son ilegales. ¿En qué se basan?
En un primer lugar, aquellos quienes rechazan la nueva deuda de Argentina con el FMI indican que el convenio concluirá en 2021, pero el mandato del actual presidente terminaría a finales del 2019, a menos que sea reelegido en las próximas elecciones presidenciales.
"El tiempo de vigencia del acuerdo excede por año y medio al mandato de Macri, por lo que debe ser ratificado en el Congreso. Si este acuerdo no se discute en el Parlamento, sería ilegal e inconstitucional", señala el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, según publicó 'Parlamentario'.
El sector peronista, ligado a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, planteó el pasado 19 de junio esta negativa en el Congreso argentino junto con algunos legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), para impulsar una sesión en la Cámara de Diputados para que el acuerdo con el FMI sea analizado por el Parlamento.
Sin embargo, de los 257 representantes políticos que ocupan los bancos del Congreso, solo asistieron 68; no se obtuvo el 'quórum' necesario, que establece un mínimo de 129 legisladores para desarrollar las tareas representativas, y la negociación con el Fondo nunca se debatió a nivel legislativo.
A su vez, dejando a un lado los aspectos ideológicos, económicos y sociales, vale mencionar que la Constitución de Argentina establece en su artículo 75 que una de las atribuciones del Congreso local es "contraer empréstitos sobre el crédito de la nación" y "arreglar el pago de la deuda interior y exterior". Aunque cada norma siempre queda sujeta a la interpretación de un juez, son varias las voces que plantean la inconstitucionalidad en el financiamiento del FMI por saltearse la aprobación previa del Parlamento.