MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
América Latina y el Caribe, la región más golpeada por la Covid-19, se enfrentará al que probablemente sea su invierno más duro en varias décadas en el contexto de la crisis de la pandemia, que proyecta una contracción del PIB superior al 8% y una deuda pública que sobrepasará el 80%, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante este panorama, los diferentes gobiernos y bancos centrales de la región se han visto obligados a prorrogar los diferentes estímulos monetarios, fiscales, empresariales o laborales diseñados al principio de la pandemia, acorde con las recomendaciones de los bancos centrales de la región, que proyectan una recuperación prolongada que puede llegar hasta una década.
Sin embargo, los diferentes países latinoamericanos se encuentran en una posición de desventaja con respecto a las economías avanzadas ante el despliegue de estímulos, dado su escaso margen fiscal, su alta tasa de informalidad (superior al 50%) o la falta de acceso a los mercados internacionales, como es el caso de Argentina.
En este contexto, los gobiernos ya han comenzado a extender las ayudas diseñadas al principio de la pandemia para sostener el tejido económico.
AYUDAS A EMPRESAS Y REDUCCIÓN DE JORNADAS
Recientemente, la Administración brasileña de Jair Bolsonaro ha decidido prorrogar el programa de emergencia de mantenimiento del empleo y la renta, por el que se establece la reducción de jornada y la suspensión de contratos laborales, por dos meses más.
La ley prevé el pago de una subvención de emergencia para los trabajadores acogidos al programa, que ya ha desplegado unos 26.300 millones de reales brasileños (4.036 millones de euros) de los 51.500 millones de reales (7.900 millones de euros) programados para la iniciativa, que ya fue prorrogada anteriormente.
El Gobierno brasileño considera que esta acción permitirá a las empresas sobrevivir en una situación de especial vulnerabilidad, para así mantener el mayor número posible de empleos en el país que cuenta con más de cinco millones de positivos por Covid-19 y más de 150.000 fallecidos.
Al mismo tiempo, Colombia ha extendido hasta marzo de 2021 el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), por el que se paga el 40% de un salario mínimo de 351.000 pesos colombianos (unos 77 euros) para cada trabajador, al margen de su salario, que haya reducido sus ingresos en más del 20% por la pandemia.
El Ejecutivo de Iván Duque también ha aprobado la extensión del Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios (PAP), por el que se contribuirá con un aporte del 50% para las primas de los trabajadores que ganen hasta un millón de pesos (220 euros) en diciembre, de modo que las empresas beneficiadas recibirán 220.000 pesos (48,5 euros) para cubrir las primas hasta final de año.
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO
Los organismos multilaterales juegan un papel relevante en los países de la región, sobre todo en lo referente a la reestructuración de deudas, como es el caso de Argentina y Ecuador.
En el caso argentino, el Gobierno de Alberto Fernández logró un primer acuerdo en la deuda externa de unos 65.000 millones de dólares (55.300 millones de euros) con sus acreedores privados y ahora se encuentra inmerso en conversaciones con el FMI para reorganizar otros 45.000 millones de dólares (38.277 millones de euros) que la anterior administración de Mauricio Macri solicitó en 2018.
Tras un primer encuentro la semana pasada, el organismo con sede en Washington volverá a reunirse con las autoridades sudamericanas en noviembre, con el objetivo de encontrar la mejor solución para el país en un momento tan delicado como el actual.
En este contexto, el Gobierno argentino ha comenzado las conversaciones con los agentes sociales y la patronal para establecer un salario mínimo superior a los 45.000 pesos argentinos (494 euros).
Por su parte, las autoridades ecuatorianas alcanzaron un acuerdo con el Fondo para el desembolso de 6.500 millones de dólares (unos 5.500 millones de euros) hasta 2022, tras el cierre de un proceso de renegociación de deuda con la institución.
INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA
México merece un aparte en lo referente al despliegue de estímulos y ayudas en la crisis del Covid, pues si bien es una de las principales economías latinoamericanas, ha sido una de las más modestas a la hora de movilizar recursos, con un monto de aproximadamente el 1% del PIB.
Sin embargo, el Gobierno azteca sí ha acometido diferentes medidas para hacer frente a la crisis de la pandemia, como es la puesta en marcha de un plan de inversión público-privada que ya cuenta con 39 proyectos en diferentes áreas por valor de 297.344 millones de pesos mexicanos (unos 11.830 millones de euros).
El proyecto, que cuenta con un 50% de capital privado, se distribuirá entre varios sectores de actividad como energía, infraestructura o telecomunicaciones, entre otros.
De su lado, el Gobierno chileno presentó recientemente el plan 'Paso a Paso' para crear hasta un millón de empleos en los próximos años, con una inversión estimada de 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros).
Además, el presidente chileno, Sebastián Piñera, también anunció la extensión para otros dos meses del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para las familias más afectadas en la crisis, que llegará a aproximadamente unas 8 millones de personas.
Otro programa de ayuda a las familias implantado por Chile o Perú ha sido la ley que permite la retirada de fondos del sistema privado de pensiones o Administradores de Fondos de Pensiones (AFP). En Chile se permite la retirada de hasta un 10% de los fondos, mientras que en Perú el retiro puede ser de hasta 17.200 soles peruanos (4.073 euros).