Publicado 25/06/2015 06:48

Legisladores brasileños aprueban un aumento del gasto en pensiones


BRASILIA, 25 Jun. (Reuters/EP) -

La Cámara baja del Congreso de Brasil ha aprobado este miércoles una medida que aumentaría el gasto en el sistema de pensiones en los próximos años, en otra sorpresiva derrota de la presidenta Dilma Rousseff, quien está luchando por ordenar las finanzas del Gobierno.

En una reñida votación, los legisladores han aprobado una enmienda para reajustar las pensiones anualmente con una fórmula que actualmente se usa para elevar el salario mínimo, lo que potencialmente incrementaría el ya elevado desembolso en seguridad social. La medida aún debe ser votada por el Senado.

Previamente, los legisladores aprobaron un decreto para mantener la fórmula de reajuste del salario mínimo hasta el 2019. Bajo esa fórmula, el salario mínimo aumenta en un monto equivalente a la inflación del año previo más el nivel del producto interno bruto de dos años antes.

El Gobierno se había opuesto a usar el esquema del salario mínimo para las pensiones, diciendo que costaría a las arcas del Estado unos 2.000 millones de reales (646,6 millones de dólares) adicionales por cada punto porcentual de alza de las pensiones.

"Este es un proyecto de ley que el Gobierno no puede pagar", ha dicho Mansueto Almedia, especialista en cuentas públicas, que advierte de que "esto aumenta el riesgo de una rebaja de la calificación crediticia".

Rousseff ya ha aumentado los impuestos y recortado el gasto en pensiones y otros beneficios sociales para equilibrar las cuentas públicas y no perder el codiciado grado de inversión de Brasil.

Muchos legisladores de partidos aliados, incluidos algunos del propio Partido de los Trabajadores de Rousseff, votaron a favor de la enmienda, subrayando la fuerte resistencia a la impopular campaña de austeridad liderada por el ministro de Hacienda, Joaquim Levy.

El mes pasado, el Congreso ya sorprendió al Gobierno con la aprobación de una enmienda para flexibilizar la edad de jubilación.

A pesar de las críticas de líderes sindicales y legisladores aliados, Rousseff terminó vetando la enmienda y ofreciendo un esquema alternativo de pensiones para reducir las pérdidas potenciales en 50.000 millones de reales hasta el 2026.