El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en un diálogo con el director del Festival Internacional de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Púb - Diego Radames / Europa Press
MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha mostrado este jueves su decepción por el rechazo parlamentario vivido ayer en el Congreso a la 'Ley de Lobbies', lo que supondrá que España deje de ingresar 260 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación, al ser la aprobación de esta norma uno de los compromisos adoptados ante la Comisión Europea.
En declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, López ha explicado que el hito vinculado a la regulación de los grupos de interés tenía en origen un coste asignado superior a los 2.000 millones de euros.
Sin embargo, tras renegociar con Bruselas los objetivos y la ejecución de las partidas y después del veto en la Cámara Baja a la norma, la pérdida de fondos europeos será de 260 millones de euros de transferencias comunitarias.
"La conclusión es muy sencilla: la derecha y la ultraderecha no quieren que haya transparencia, y ahora ya no valen excusas", ha aseverado el titular de Función Pública, argumentando que no caben renegociaciones adicionales con la Unión Europea al haber finalizado ya el periodo de ejecución y notificación.
El ministro ha defendido la tramitación de una norma que se debatió "durante más de un año en el Parlamento". Según ha remarcado, las negociaciones se mantuvieron "hasta la extenuación" con todos los grupos y el texto final incorporaba "el 90% de las enmiendas", dando respuesta a las principales peticiones de las formaciones de la oposición.
A modo de ejemplo, López ha recordado que los grupos solicitaron expresamente que el registro obligatorio de 'lobbies' no dependiera de la Oficina de Conflicto de Intereses, sino del Consejo de Transparencia, un cambio que el Ejecutivo aceptó e incluyó en el texto.
"Se ha atendido lo que han pedido los grupos, pero cuando ha llegado la hora de la verdad y ha habido que votar, no quieren transparencia", ha criticado.
Asimismo, ha calificado de "paradójico" y "difícil de entender" el rechazo o la abstención de diversas fuerzas parlamentarias, señalando que la ley únicamente imponía obligaciones y límites a la propia Administración General del Estado y no a las comunidades autónomas.
Óscar López ha reprochado a la oposición su falta de compromiso y responsabilidad al hacer decaer la iniciativa y perder esos fondos.
En su opinión, tras la postura en contra del Partido Popular está el "ejemplo de Montoro". "Quizás tengan en la cabeza cómo un exministro entra en un despacho fiscal, luego en el Gobierno, sale del Gobierno y vuelve al Ejecutivo", ha sugerido López, quien ha reprochado a la oposición incurrir en una "profunda contradicción" al bloquear una norma avanzada que habría obligado a todos los expolíticos y exmandatarios a someterse a reglas claras de trazabilidad y transparencia en sus actividades.
LOS VOTOS DE PP, VOX, JUNTS Y UPN TUMBAN LA 'LEY DE LOBBIES'
El Pleno del Congreso derogó ayer, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, el decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los 'lobbies', un texto que recibió críticas del socio minoritario del Gobierno y de otros aliados parlamentarios, principalmente por considerar grupos de interés a los sindicatos y las organizaciones empresariales.
El texto fue apoyado por el PSOE, Sumar, ERC y Bildu, pero cayó por los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV y Podemos. Sumar tenía pensado votar en contra, pero a última hora reculó y acabó dando el sí al PSOE, aunque su portavoz adjunta, Aina Vidal, ya había votado 'No' telemáticamente.
Éste era el segundo intento del Gobierno para regular los grupos de interés, pues en enero de 2025 ya había enviado a la Cámara un proyecto de ley cuya tramitación encalló por falta de acuerdo. El decreto ley estaba en vigor desde su aprobación a finales de agosto, pero al no recibir el refrendo del Congreso ha quedado derogado.