Por Maximiliano Rizzi
BUENOS AIRES, 2 Ago. (Reuters/EP) -
- El mayor distrito agropecuario de Argentina restringirá la aplicación de agroquímicos cerca de zonas urbanas para proteger la salud de la población, una medida que implicará un alza en los costos de producción que podría golpear a los agricultores.
La prohibición, que tiene una amplia relevancia en una potencia agrícola como Argentina, fue elaborada en colaboración con representantes de los agricultores y será publicada en los próximos meses en forma de un decreto firmado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.
"El proyecto indica que se prohíbe la aplicación aérea en el área complementaria (zona que circunda a una región urbana) definida por el municipio y, en caso de que no exista, se prohíben los primeros dos kilómetros del área rural contados a partir del límite del área urbana", dijo a Reuters el ministro de Asuntos Agrarios de Buenos Aires, Gustavo Arrieta.
El funcionario señaló que para usar agroquímicos de forma terrestre en áreas definidas como complementarias y en los primeros 500 metros desde un área urbana se deberá cumplir con ciertas pautas de cuidado ambiental y con la supervisión de un ingeniero agrónomo.
Si bien el proyecto cuenta con el visto bueno de los agricultores, fuentes del sector dijeron que aún deberá negociarse de qué manera se financiará el incremento de costos que la nueva legislación implicará para la producción de granos.
En Argentina -el tercer exportador mundial de maíz y de porotos de soja- es habitual la aplicación de agroquímicos desde avionetas, lo que puede afectar la salud de pobladores cercanos, que pueden inhalar químicos que quedan en el aire y a veces son luego transportados por el viento.
Expertos del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) han advertido que muchos de los pesticidas empleados en las actividades agrícolas en Argentina representan un riesgo para la salud humana, por lo que deben extremarse todas las medidas tendientes a minimizarlo.
Por su lado, la FAO pidió esta semana a los países en desarrollo acelerar el retiro del mercado de pesticidas altamente peligrosos para la salud.
De acuerdo con datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), en la campaña 2012/2013 se aplicaron 317 millones de litros de pesticidas en los campos del país, de los cuales 200 millones corresponden a glifosato, el herbicida más controversial, utilizado en el cultivo de soja.
"Se trata de una norma que tiene como objetivo un manejo responsable y medido de los agentes agroquímicos", explicó Arrieta.
La provincia de Buenos Aires es la principal consumidora y aplicadora de agroquímicos del país, que es también el mayor exportador global de aceite y harina de soja.
"Está bien que se regule, primero por una cuestión ambiental debido al alto crecimiento que tuvieron estos fitosanitarios, y para tranquilidad de la población rural de que todo lo que se haga va a estar controlado por profesionales y por el Estado", destacó Sergio Melgarejo, ingeniero agrónomo y presidente de la Sociedad Rural de San Cayetano, un distrito agrícola en el sur de Buenos Aires.
La aplicación de agroquímicos en Argentina se incrementó alrededor del 300 por ciento en las últimas dos décadas, en tanto que el área dedicada a la agricultura se extendió hasta llegar a zonas muy cercanas a áreas pobladas, según el experto.
El uso de agroquímicos como el glifosato está ligado al modelo agrícola de "siembra directa", que demanda un empleo masivo de herbicidas sobre cultivos transgénicos especialmente diseñados para tolerarlos. La semilla de soja resistente al herbicida Roundup, de Monsanto, es la más utilizada en Argentina.
Actualmente, regímenes similares de restricción de uso de agroquímicos -que incluyen pesticidas y herbicidas- se aplican en Córdoba y Santa Fe, las dos provincias agrícolas más importantes después de Buenos Aires.