MEXICO DF/MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
Equipamientos Urbanos de México (Eumex), la empresa de mobiliario urbano participada por la española FCC, presentó ayer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por violaciones de los derechos fundamentales de los directivos y trabajadores de la compañía por parte del Gobierno del Distrito Federal.
La presentación de esta queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentada por el presidente del Consejo de Administración de Eumex, Antonio Torres, y su director jurídico, Eduardo Macías, es el paso previo a una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la otra gran instancia del continente americano en cuestiones de derechos fundamentales.
"Acudimos a esta instancia Internacional toda vez que el Gobierno del DF ha despreciado las recomendaciones de diversos organismos que, en su momento, les expresaron su alarma ante los acontecimientos que relatamos en la queja". En México prevalece el Estado de Derecho, salvo en el Distrito Federal", señaló Torres en un comunicado.
Según la empresa, el Gobierno de la capital mexicana incurrió en los supuestos delitos de violación a la garantía del debido proceso, violación a la garantía de seguridad jurídica, violación de los derechos a la libertad e integridad personales, violación a la protección frente a injerencias arbitrarias, violación de la garantía de igualdad y detenciones sin mandamiento de autoridad competente.
En la queja se señala que en la administración del entonces jefe de Gobierno del DF y actual candidato, Andrés Manuel López Obrador, y hasta la fecha, los ejecutivos, empleados y colaboradores de Eumex han sufrido una persecución "constante, premeditada y reiterada" con el único objetivo de impedirles el libre ejercicio de sus actividades profesionales y comerciales, llegando a la "intimidación y amenaza".
En declaraciones a medios mexicanos, recogidas por Europa Press, Macías anunció que interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de la República "en los próximos días" por presuntos actos de extorsión, al asegurar que tienen indicios de que funcionarios del DF recibieron dinero de la empresa que se adjudicó el contrato de Eumex.
Sin embargo, reconoció que no tiene "ninguna prueba" sobre las veces que le han pedido dinero", después de que dejara entrever que funcionarios del Gobierno del DF le exigieron dinero a cambio de no revocar el contrato que le permitía explotar los 2.400 mobiliarios urbanos con publicidad integrada en la Ciudad de México.
Además, negó que hayan presentado la queja ante la OEA por motivos políticos, y todo en la recta final de la campaña electoral para las presidenciales del próximo 2 de julio, en las que se enfrentan el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y el aspirante del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón.
En este punto, señaló que ha habido por parte de las autoridades del Distrito Federal un total incumplimiento de la ley y una constante violación a los derechos de sus ejecutivos y trabajadores, así como un reiterado desacato a las sentencias judiciales que los amparaban frente a la arbitrariedad.
Por todo ello, Eumex pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inicie los procedimientos que correspondan para constatar la existencia de un ejercicio indebido a la administración pública en perjuicio de los ejecutivos, trabajadores y prestadores de servicios de la empresa, "violándose de esta manera sus Derechos Humanos".
Por último, que se dicten medidas cautelares procedentes y en su oportunidad y previa investigación, se formulen las recomendaciones que sean necesarias para que se resarzan los daños causados y se eviten subsecuentes violaciones de Derechos Humanos y, por tanto, cesen "las arbitrariedades y la persecución" por parte del DF.
Ante la presentación de la queja, el actual alcalde del Distrito Federal, Alejandro Encinas, aseguró que aunque la empresa Eumex está en su derecho de acudir al organismo internacional, demuestra que se han agotado las instancias judiciales y esa decisión forma parte de una estrategia que han tomado los directivos.