QUITO, 8 Jul. (Notimérica) -
El Gobierno de Ecuador ha reforzado el control policial en la zona norte del país, concretamente en el Cantón de San Miguel de Urcuquí, para acabar con la minería ilegal que involucra a dos terceras partes de la población residente en la zona.
La zona está enfocada a la actividad minera legal a gran escala. Sin embargo, los yacimientos de oro, plata y cobre la han convertido desde 2017 en una zona muy atractiva para grupos de delincuencia, aumentando las cifras de esta.
Desde la citada fecha, se han instalado en el poblado de La Merced de Buenos Aires, ubicado al norte del país, unas 15.000 personas, de las cuales las autoridades estiman que 10.000 actúan ilegalmente en la zona.
Esta situación ha llevado al Gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, a desplegar un operativo de 2.400 policías y militares que operan en el poblado desde el pasado 1 de julio. En respuesta a esta repudiable situación, el Gobierno decretó el "estado de excepción", que se extenderá durante 60 días.
Se trata de un operativo excepcional en esta zona montañosa para lograr desalojar a las miles de personas que serían el detonante de este incremento de la violencia.
Sobre esta operación, el ministro de Defensa del país, Oswaldo Jarrín, señaló que se trata de "una intervención para combatir los delitos que se tienen en la zona", así como "para proteger a la población y garantizar que las actividades lícitas, comerciales y de todo tipo, especialmente la minería, se realicen de forma legal".
De acuerdo con datos recogidos por 'RFI', en lo que va de año han tenido lugar 27 episodios violentos generados a raíz del control de las explotaciones mineras. Esta lucha de poder ha terminado con la vida de varias personas.
La minería ha irrumpido en esta zona donde la mayor parte de la población se ha desempeñado tradicionalmente a la agricultura. En este sentido, el portavoz de la Fundación Pachamama, Benito Bonilla, ha detallado en declaraciones al citado medio que esto "significa un incremento en la violencia intrafamiliar, un incremento en la deserción de los niveles educativos de niños y adolescentes para involucrarse en una actividad que genera réditos económicos en el muy corto plazo".
Sobre los grupos irregulares que se esconden tras esta actividad ilícita, Bonilla ha señalado que están vinculados a redes de crimen organizado. Además, ha precisado que se les relaciona con temas de prostitución, explotación infantil y venta de drogas.