Nicaragua.- El procurador estudiará "minuciosamente" el contrato de Unión Fenosa y "si procede" acudirá a los tribunales

Actualizado 25/08/2006 21:21:51 CET

La empresa aclara que no se ha anulado la concesión y que el proceso puede durar "varios años"

MANAGUA/MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El procurador general de la República, Alvaro Novoa, aseguró hoy que de momento no tiene ninguna notificación oficial de la demanda de nulidad presentada ayer por la Contraloría contra la filial de la eléctrica española Unión Fenosa en Nicaragua. Asimismo, adelantó que cuando la reciba, "si llega", estudiará "minuciosamente" el contrato de concesión y, "si procede", acudirá a los tribunales.

"Vamos a esperar a que llegue la notificación, si llega. Lo que si quiero dejar claro es que todavía no está definido si acudimos a los tribunales", afirmó Novoa a Europa Press antes de acudir al Palacio de Gobierno para entrevistarse con el presidente de la República, Enrique Bolaños. Sin embargo, no quiso adelantar el contenido de la reunión.

El procurador respondía así tras conocerse que el Consejo Superior de la Contraloría General de la República aprobó ayer por unanimidad "denunciar de nulidad" el contrato de concesión de distribución de energía eléctrica suscrito por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y las empresas Disnorte y Dissur en junio de 2000, que unos meses después fue transferido a Unión Fenosa.

Según la Contraloría, la eléctrica ha "incumplido categóricamente" cláusulas contractuales de dicha concesión, sin existir causas que lo justifiquen, que en su opinión ha afectado "considerablemente" al Estado, y en concreto a los ciudadanos, por ocasionarles "daños y perjuicios por la negligencia en que ha venido operando tal servicio público".

De hecho, insiste en que la empresa concesionaria no ha cumplido con sus obligaciones contractuales y que quedó demostrado en una auditoría realizada en 2005 por el INE, en la que se reveló que en las inversiones reportadas existe "una mezcla de inversiones" realizadas "por terceros" y operaciones y mantenimiento, que indica que las inversiones de Unión Fenosa "son menores a lo pactado".

Según fuentes de la Contraloría consultadas por Europa Press, la resolución administrativa ha sido remitida al Presidencia de la República, al presidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez Urcuyo, y a David Castillo, presidente ejecutivo del INE. El paso a seguir, según las citadas fuentes, es que la Procuraduría investigue la denuncia y si lo considera oportuno acudir a los tribunales.

Sin embargo, en la Contraloría no tienen claro que el procurador vaya a actuar contra los intereses de las empresas extranjeras, "y menos de Unión Fenosa". De hecho, se mostraron pesimistas ante la posibilidad de que el caso termine en los juzgados. "Ya ha ocurrido en anteriores ocasiones (...) al final se queda en nada", añaden.

"NO CREAR ALARMAS"

Por su parte, fuentes de la eléctrica española en Managua y Madrid pidieron "no crear alarmas", porque el contrato de concesión no ha sido anulado, ya que la Contraloría no es un órgano "competente" para hacerlo y hace falta que en el caso intervenga un juez. Asimismo, precisaron que de momento es sólo "un primer paso" y que si sigue adelante, de todas formas puede durar "varios años".

"Lo que está claro es que no habrá anulación a corto plazo. Hay que demostrar esas presuntas irregularidades ante los jueces. Y en todo caso el proceso será muy largo", aseguran en Managua. Mientras, desde Madrid insisten en rechazar todas las acusaciones por falta de inversiones y cobros indebidos, y esperan nombrar próximamente su representante en el tribunal de arbitraje anunciado por el INE.

Y es que el Instituto Nicaragüense de Energía ha dado 15 días de plazo a la eléctrica española para nombrar a un representante en el proceso de arbitraje al que deberá someterse su filial por la crisis energética que atraviesa el país centroamericano ante los constantes apagones de las últimas semanas.

Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), será la representante del INE en el proceso de arbitraje que se emprenderá por cinco causas en disputa con la empresa, que ha sido objeto de críticas de miles de ciudadanos por los apagones, que incluso piden su expulsión del país.

"Unión Fenosa puede ser regulada y puesta en cintura, y yo me siento capaz personal y profesionalmente de hacerlo, y mucho más porque el INE sabe que a mi no me van a poder comprar los españoles. Conozco el tema, lo he investigado, lo he conocido en detalles y espero conocer pronto el equipo que va a conducir esto", afirmó.

Lo cierto es que el presidente Bolaños se opone a la expulsión de Unión Fenosa porque, en su opinión, "empeoraría" en estos momentos la crisis que atraviesa el sector eléctrico. De hecho, ha propuesto saldar parte de la deuda del Estado con la compañía a través de un crédito de nueve millones de dólares para cuya aprobación necesita del 'visto bueno' del Congreso.

Poro los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se oponen a la concesión del crédito y retrasaron hasta el 6 de septiembre la sesión extraordinaria para estudiar el caso. Además, incluso han sugerido que realizar una auditoria a la empresa de capitales españoles para comprobar si está cumpliendo los compromisos asumidos cuando el Gobierno le concedió la licencia en el año 2000.