Por Alonso Soto
BRASILIA, 12 nov, 12 Nov. (Reuters/EP) -
- Temerosos ante un rápido deterioro de las finanzas de Brasil, muchos inversores están pidiendo a la presidenta Dilma Rousseff que realice drásticos recortes en el presupuesto, pero sus advertencias han encontrado oídos sordos, al menos por ahora.
Funcionarios de Gobierno han dicho a Reuters que Rousseff no tiene planes de cambiar sustancialmente su política fiscal, pese a que el nerviosismo del mercado ha llevado a una caída del real y a que los pronósticos para la inflación futura se mantengan incómodamente elevados.
Incluso algunos de los propios aliados políticos de Rousseff han hecho sonar las alarmas tras una desaceleración en los ingresos fiscales debido a las exenciones tributarias y por fuertes alzas en los gastos, que terminó en el peor desempeño del país en su principal objetivo de déficit presupuestario primario en casi cinco años en septiembre.
A muchos inversores les preocupa que el deterioro de las finanzas pueda llevar a las agencias calificadoras a rebajar la nota soberana de Brasil, lo que a su vez podría espantar a los inversores, poner en riesgo la frágil recuperación del país y prolongar una era de crecimiento económico mediocre.
Ese temor contribuyó a la depreciación del real a su nivel más débil en dos meses. Desde el 31 de octubre la moneda ha perdido más de un 7 por ciento.
Algunos funcionarios del Gobierno reconocen que se han cometido algunos errores en política fiscal , Como el uso de tácticas contables para cumplir el objetivo principal el año pasado, pero insisten en que el mercado está exagerando.
Tras apuntar a las crecientes presiones sobre los precios por un mayor gasto público, el banco central ahora dice que el balance fiscal podría llegar a ser neutro en el futuro, o menos inflacionario.
El cambio en la postura golpeó a muchos inversores, que dudan que el ritmo de gasto se frene en el corto plazo.
SIN CAMBIOS EN EL RUMBO
Hay dos razones por las que Rousseff mantiene sus planes.
Sería un suicidio político hacer recortes en el presupuesto que lleven a la eliminación de miles de empleos a menos de un año de las elecciones presidenciales, en la que se espera ampliamente que Rousseff se presente para un nuevo periodo.
En segundo lugar, es difícil recortar el presupuesto sin reducir la inversión pública en Brasil. Por ley, cerca de un 90 por ciento del presupuesto está separado para gastos específicos como pensiones y sueldos públicos, con lo que el resto queda efectivamente en manos del Gobierno.
Pese a esas limitaciones, las visiones en conflicto son otro indicio de un cisma cada vez mayor entre el Gobierno y los mercados.
"El Gobierno mismo creó mucha confusión al no establecer metas fiscales claras", dijo Mansueto Almeida, investigador de IPEA, centro de estudios económicos del Gobierno. "Aún vemos muchos mensajes contradictorios".
En privado, los funcionarios admiten que será casi imposible lograr la meta fiscal de este año. Sin embargo, creen que una reducción en algunos incentivos tributarios Y otros estímulos, una recuperación económica más fuerte y menos transferencias de capital a los bancos estatales mejorarán las cuentas del Gobierno en los próximos meses.
Pero analistas de Standard and Poor's dijeron a Reuters el mes pasado que el Gobierno debe respaldar sus palabras con acciones para evitar un recorte en su calificación.
En junio, S&P rebajó su panorama de crédito para Brasil, lo que implica que podría reducir la calificación en los próximos dos años.
Uno de los temas que más preocupa son los miles de millones de dólares en capital que el Gobierno está poniendo en los bancos estatales para impulsar el crédito y ayudar a la economía. Esas transferencias han elevado la deuda bruta del país a más de un 60 por ciento del producto interno bruto, mayor que las de México y Chile.
El Gobierno requiere 65.000 millones de reales extras (27.920 millones de dólares) en el último trimestre de 2013 para llegar a la meta de ahorrar el equivalente de un 2,3 por ciento del PIB.
A comienzos de año, el objetivo primario era llegar a un 3,1 por ciento del PIB.
(1 dlr = 2,3284 reales)