Por Anthony Boadle y Alonso Soto
BRASILIA, 13 feb, 13 Feb. (Reuters/EP) -
- El plan de austeridad de la presidenta Dilma Rousseff ha encontrado la oposición cerrada de algunos de sus propios aliados en el Congreso, lo que podría echar por tierra los esfuerzos para restaurar la credibilidad fiscal de Brasil y así evitar una perjudicial baja de la calificación de crédito.
Socios de la líder izquierdista, que incluyen a miembros de su propio Partido de los Trabajadores, quieren diluir un primer paquete de proyectos que buscan recortar beneficios por desempleo y pensiones y que ahorran unos 18.000 millones de reales (6.320 millones de dólares).
Las iniciativas son parte de un esfuerzo mayor de austeridad encabezado por el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, un economista con un sesgo conservador en lo fiscal elegido por Rousseff para atajar un creciente déficit público con recortes de costos y alzas de impuestos, que tienen por objeto proteger el codiciado grado de inversión de la economía.
Si Brasil no puede ordenar sus cuentas fiscales podría sufrir más bajas de su calificación de crédito llevando su nota aun más cerca del terreno especulativo, una situación que sería devastadora para una economía que necesita atraer inversiones para salir de un bache económico que está en su quinto año.
Los sindicatos, que han sido leales a los gobiernos del Partido de los Trabajadores desde 2003, sienten que la administración de Rousseff ha traicionado sus ideales de izquierda y están preparando manifestaciones para marzo con el fin de evitar que se aprueben los proyectos.
"Vamos a tomar las calles. Nadie quiere perder sus derechos", dijo Miguel Torres, jefe de la federación Força Sindical que agrupa a 14 millones de trabajadores. Sostiene que Levy haría mejor en gravar la riqueza y la repatriación de capitales de empresa extranjeras.
Para recobrar la confianza de los inversores, Rousseff se enfrenta a la difícil tarea de cuidar el monedero justo cuando la economía se encamina hacia una recesión y las empresas están despidiendo a más trabajadores.
El bajón económico, junto a un enorme escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, han llevado la aprobación de Rousseff a mínimos históricos debilitando su posición en el Congreso.
Lindbergh Farias, senador del Partido de los Trabajadores, dice que retirar beneficios laborales equivale a un suicidio político en momentos en que Rousseff podría necesitar apoyo en las calles para protegerla de cualquier esfuerzo para acusarla por el escándalo de Petrobras, cuyo directorio presidió entre 2003-2010.
La oposición está disfrutando por el momento de la revuelta que enfrenta Rousseff.
"El ajuste fiscal corre el riesgo de fracasar incluso antes de que llegue a la sala del Congreso porque la coalición de Gobierno se desordenó", dijo Carlos Sampaio, líder en la Cámara baja del principal partido de oposición, el PSDB.
(1 dólar = 2,8499 reales brasileños)