Por Anthony Esposito y Fabian Cambero
BUENOS AIRES/SANTIAGO, 1 nov, 1 Nov. (Reuters/EP) -
- La decisión de Barrick Gold Corp de suspender el proyecto aurífero binacional Pascua-Lama es un dolor de cabeza político para el Gobierno argentino, mientras que en Chile podría marcar un precedente para una mayor regulación sobre la minería.
La canadiense Barrick dijo el jueves que frenará las tareas de construcción de Pascua-Lama, donde ya invirtió unos 5.000 millones de los 8.500 millones de dólares presupuestados, afectada por años de retraso y un aumento en los costos.
La suspensión del proyecto es una mala noticia para la presidenta Cristina Fernández, ávida por demostrar que los proyectos de inversores extranjeros en Argentina pueden avanzar pese a sus políticas intervencionistas y una inflación que ronda el 25 por ciento anual según cálculos privados.
La mandataria está a la caza de los miles de millones de dólares que necesita el país para desarrollar el megacampo patagónico Vaca Muerta, que podría albergar una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más grandes de Occidente.
Para Chile, la decisión de Barrick es otro motivo de frustración para su vital sector minero, que se enfrenta a obstáculos regulatorios, una problemática red de suministro eléctrico, y la creciente oposición de comunidades locales y grupos ambientalistas a nuevos desarrollos.
Los potenciales nuevos obstáculos para autorizaciones de proyectos elevarían el costo de la minería en Chile. El lado chileno de Pascua-Lama está paralizado desde mayo luego de que autoridades ordenaran a la empresa construir obras faltantes que estaban contempladas en su permiso, lo que el regulador ambiental calculó que le podría llevar entre uno y dos años.
"Hemos sabido por años que Argentina es un lugar difícil para que los extranjeros hagan negocios, y últimamente el atractivo del sector de materias primas chileno ha disminuido por el aumento en los costos, la poco confiable red eléctrica, la creciente oposición de ambientalistas y, en el caso del cobre, la caída de rendimientos", dijo Michael Henderson, economista para América Latina en Capital Economics en Londres.
La presidenta Fernández, quien aún está convaleciente de una operación que le realizaron el 8 de octubre para drenarle un hematoma craneal, sufrió el domingo pasado una severa derrota en unas elecciones legislativas de mitad de mandato.
Su Gobierno prefirió explicar la decisión de Barrick por los inconvenientes del proyecto en el lado chileno.
"Las demoras que sufre el proyecto son producto de conflictos judiciales que Barrick mantiene en Chile (...). Esta situación nada tiene que ver con las condiciones del proyecto Lama en nuestro país", afirmó el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido.
Funcionarios argentinos dijeron que Barrick mantendrá los cerca de 6.000 trabajadores directos e indirectos que tiene el proyecto en la provincia de San Juan con el fin de realizar tareas de mantenimiento y para algunas obras que no paralizará aunque que demorará su finalización.
De todas maneras, la cifra es muy inferior a los alrededor de 10.000 empleos que había generado la construcción cuando operaba normalmente meses atrás.
A pesar del fuerte sentimiento de defensa ambiental en Argentina, Fernández mostró un contundente apoyo a la actividad minera cuando vetó en el 2010 una ley de protección de los glaciares que podría haber puesto en riesgo el desarrollo del sector en el país.
En otra muestra de las preocupaciones en torno a Argentina, Goldcorp Inc elevó un tercio el mes pasado los costos de la mina de oro que construye en el yacimiento Cerro Negro y dijo que el inicio de producción del proyecto sería retrasado.
"Aunque la suspensión (del proyecto) no está específicamente relacionada con las políticas económicas del Gobierno (argentino), es una mala noticia", dijo Ignacio Labaqui, un analista de Medley Global Advisors.
"Las nuevas inversiones son claves para que el Gobierno pueda compensar la salida de dólares producidas por las importaciones y los pagos de deuda", agregó.
Argentina atraviesa una crisis de liquidez de dólares que obligó al Gobierno a imponer un control de cambios y restricciones a las importaciones.