CARACAS, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Congreso venezolano aprobó este jueves la reforma parcial de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios que otorga competencias al Gobierno de Hugo Chávez para expropiar de forma inmediata comercios y establecimientos que aumenten de forma especulativa y arbitraria los precios.
La nueva ley establece sanciones como el cierre temporal o la expropiación por parte del Estado de los comercios que incurran en los delitos de "manipulación de precios, remarcaje, acaparamiento u otro ilícito que restrinja la libre circulación de los bienes y servicios".
Esta medida afecta especialmente a los pequeños y grandes establecimientos de expendio de alimentos y productos denominados de primera necesidad, que se han visto afectados por la reciente devaluación del bolívar fuerte.
El diputado oficialista Mario Isea precisó que el Estado venezolano con esta ley queda facultado para intervenir de inmediato en los comercios que cometan cualquiera de estas faltas, sin necesidad de solicitar autorización a los organismos competentes para que declaren el inmueble de utilidad pública.
Con esta normativa "se fortalece la capacidad del Ejecutivo para actuar, incluso para expropiar" sobre todo tipo de bienes y servicios relacionados con las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización, informó Isea.
En un "Estado como el nuestro en transición, tiene que intervenir en una relación para regular (la especulación) a favor del más débil", insistió el legislador, al destacar que el principal objetivo es "defender a las mayorías".
El mandatario venezolano también estará facultado para dictar todo las medidas de carácter excepcional que considere necesarias, con el objetivo de evitar el alza indebida de los precios, así como el acaparamiento de los productos y servicios de primera necesidad.
Chávez ha amenazado con expropiar los comercios que incrementen los precios para convertirlos en mercados socialistas que venderán productos nacionales a "precios sociales" y que funcionarán bajo el completo control del Estado.
Las primeras medidas afectaron a la cadena de hipermercados franco-colombiana Éxito a la que expropió sus tiendas ubicadas en Caracas y en los estados de Anzoátegui, Carabobo, Lara y Zulia, las cuales, serán ahora filiales de la Corporación de Mercados Socialistas (Comerso).
Otros 1.500 establecimientos han sido cerrados de forma temporal durante las jornadas del Plan Nacional de Fiscalización que ha realizado el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) en todo el país.
Desde su aprobación en primera lectura el pasado martes, la oposición ha criticado duramente la reforma a esta normativa porque dará libertad al Gobierno para incautarse de las empresas y sus bienes sin que se dé la posibilidad de la apertura previa de un expediente administrativo, ni se permita al dueño del establecimiento ejercer su derecho a la defensa.
La ley tampoco deja claro si los empresarios podrán cobrar alguna indemnización o recibirán algún pago por la expropiación de sus bienes, informaron los medios locales.