CARACAS, 14 Nov. (Reuters/EP/Notimérica) -
La primera reunión entre el Gobierno de Venezuela y sus acreedores para discutir una reestructuración de la deuda externa del país y de su petrolera estatal, PDVSA, ha terminado este lunes sin propuestas concretas, según han informado a la agencia británica de noticias Reuters varios participantes del encuentro.
"No salió nada de allí, fue una oportunidad perdida", ha dicho uno de los inversores que ha viajado a Caracas para la reunión. Las conversaciones buscan renegociar los términos de unos 60.000 millones de dólares (unos 51.405 millones de euros) de deuda soberana y de PDVSA.
Casi un centenar de inversores --o sus representantes-- han acudido al Palacio Presidencial, en el centro de Caracas, para asistir al encuentro promovido por el mandatario, Nicolás Maduro.
La reunión, que duró unos 15 minutos, se consideraba clave para comprender la estrategia del Gobierno que, aunque ha esperado hasta el último día para realizar pagos clave, ha seguido cumpliendo con sus obligaciones.
"No hubo oferta, ni términos", ha señalado otro de los participantes a la salida de la reunión.
Sin embargo, el Gobierno ha descrito la reunión como "altamente positiva y muy auspiciosa". "Sirva este inicio del refinanciamiento de nuestra deuda para ratificar nuestra plena intención de proceder a cumplir, como siempre hemos hecho, con todos nuestros compromisos", ha resaltado en su comunicado.
El ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, y el vicepresidente, Tareck El Aissami --ambos sancionados por Estados Unidos--, han participado del encuentro, lo que forzó a algunos acreedores a quedarse en una sala anexa para evitar encontrarse con ellos.
Los ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido reunirse con estos funcionarios, los principales delegados gubernamentales, por estar en la 'lista negra' de Washington.
Otros inversores se habían negado a viajar a Caracas, una de las capitales más violentas del mundo, argumentando que El Aissami y Zerpa serían un obstáculo en la negociación.
El vicepresidente leyó un comunicado a los asistentes donde criticó al sistema financiero global por poner trabas para que el país petrolero haga sus pagos a tiempo a raíz de las sanciones, culpando al Gobierno estadounidense de la situación.
"La OFAC (un brazo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) pretende sin juicio alguno disminuir nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo", ha dicho El Aissami.
"Hoy Venezuela se encuentra limitada para buscar financiación (...) encontrándonos frente a la necesidad de plantear nuevas fórmulas para salir de esta complejidad", ha agregado, sin dar detalles.
Los asistentes también han relatado que el representante del Gobierno ha pedido ayuda de los acreedores para buscar vías de manera conjunta que permitan sortear las sanciones, mientras enfatizó la voluntad del país de seguir honrando sus pagos.
La incertidumbre sobre la capacidad de pago de Venezuela va en aumento desde que el equipo financiero de Maduro comenzó a retrasar en octubre el abono de cupones de bonos por unos 750 millones de dólares (cerca de 643 millones de euros).
El breve encuentro se realizó en un día clave en el calendario de deuda venezolana, porque el país tiene hasta este lunes para cancelar casi 300 millones de dólares (alrededor de 257 millones de euros) en intereses demorados que ya no tienen período de gracia.
La semana pasada, PDVSA dilató, por primera vez, la amortización de unos 1.100 millones de dólares (aproximadamente 942 millones de euros) de capital por un título vencido durante más de tres días, postergando el abono de los intereses para los próximos 30 días.
El inusual comportamiento de un Gobierno que hasta ahora no había demorado este tipo de pagos pese a la crisis provocó el desplome de los bonos venezolanos por varios días, pero el lunes se recuperaban impulsados por la voluntad que mostraron las autoridades de seguir cumpliendo los compromisos.
Venezuela no tiene más vencimientos en el 2017, pero el año entrante el país enfrenta pagos de deuda por unos 9.000 millones de dólares (unos 7.711 millones de euros), que recortarían aún más sus menguadas importaciones, vitales para la población.