La Conferencia Episcopal suspende el diálogo entre Gobierno y manifestantes hasta que cese la represión
MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
Al menos quince personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas durante los últimos dos días a causa de los enfrentamientos que se desataron entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante la marcha de las 'Madres de Abril' en Nicaragua, un nuevo episodio de violencia que ha llevado a la Conferencia Episcopal a suspender el diálogo entre Gobierno y oposición hasta que el presidente, Daniel Ortega, cese la represión.
Miles de personas se concentraron en Managua, en una movilización que se repitió en varias ciudades, para acompañar a las madres de los jóvenes fallecidos en el marco de las protestas contra el Gobierno de Ortega, que comenzaron el 18 de abril con una reforma de la seguridad social como detonante.
Según informa el diario nicaragüense 'La Prensa', la marcha capitalina transcurrió pacíficamente hasta que grupos paramilitares que estarían vinculados al Gobierno --las juventudes 'sandinistas'-- atacaron a los manifestantes y la Policía intervino.
De acuerdo con los testimonios recogidos por los medios locales, se vivieron momentos de pánico por las ráfagas de disparos y los cócteles molotov empleados contra los manifestantes. Algunos han denunciado que la Policía actuó con francotiradores desde el estadio nacional.
Amnistía Internacional, que envió una delegación a la marcha de las 'Madres de Abril', "ha podido verificar que los ataques fueron en contra de manifestantes por parte de policías y grupos parapoliciales, conocidos como 'turbas sandinistas' en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Centroamericana (UCA)". "Asimismo, se ha reportado el posible uso de francotiradores desde el Estadio Dennis Martínez", ha añadido.
La UCA ha emitido un comunicado en el que ha confirmado que unas 5.000 personas se refugiaron en el campus para protegerse de policías y 'sandinistas'. Solo horas después pudieron abandonar el recinto universitario. "La UCA, que se sitúa al lado del pueblo en justa lucha, denuncia este nuevo ataque criminal y exige el cese inmediato de la represión", ha declarado.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha contabilizado once muertos y cerca de 80 heridos en Managua, Estelí y Masaya. 'El Nuevo Diario', por su parte, eleva el número de fallecidos durante las protestas del miércoles a al menos 16. El subdirector de la Policía, el general Francisco Díaz, solo ha reconocido doce heridos, entre ellos cinco policías.
SUSPENSIÓN DEL DIÁLOGO
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que ejerce de mediadora en el diálogo nacional que propuso Ortega para aplacar las protestas en su contra, ha anunciado este jueves que suspende por segunda vez en dos semanas las conversaciones.
"No podemos seguir permitiendo esta violencia inhumana", han dicho los obispos nicaragüenses en un comunicado. "Queremos dejar claro que no se puede reanudar la mesa del diálogo nacional mientras al pueblo se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado", han indicado.
Desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina a los sectores críticos con el Gobierno en la mesa de negociaciones, ha coincidido en que "no se puede dialogar en estas condiciones". "Ortega abonó ayer con su masacre a una salida más inmediata de él. Quedó moralmente más incapacitado para gobernar", ha sostenido Azalea Solís.
"Ortega es un peligro y él y la señora (Rosario Murillo, su mujer y vicepresidente) son criminales, absolutamente. Están dispuestos a ahogar en sangre cualquier protesta pacífica en Nicaragua. No tienen ética ni moral para continuar gobernando", ha recalcado Solís.
ORTEGA CONTINÚA
En este contexto, los empresarios nicaragüenses enviaron el miércoles una carta a Ortega en la que le urgen a adelantar las elecciones presidenciales --las últimas fueron en 2016--. "Parafraseando sus palabras, no hay espacio en Nicaragua para la violencia que tanta sangre de hermanos ha derramado a lo largo de nuestra historia", reza la misiva.
"Aquí nos quedamos todos (...) Nicaragua no es propiedad privada de nadie. Los dueños de Nicaragua somos todos", respondió Ortega horas después en un acto oficialista celebrado en la glorieta Hugo Chávez de Managua con el que el Gobierno pretendía contrarrestar la marcha de las 'Madres de Abril'.
Aunque reconoció el "dolor inmenso" de estas mujeres por la pérdida de sus hijos defendió que "no puede llevar nuevamente a la guerra" en la nación centroamericana. Además, atribuyó las manifestaciones antigubernamentales a que "el demonio está sacando las uñas".
Los disturbios del miércoles han desinflado la expectativa de Ortega de solucionar la crisis con el diálogo. Esta misma semana había anunciado que, tal y como exigían sus interlocutores, estaba dispuesto a hablar de "democratización", algo que hasta ese momento había descartado y que llevó a la primera suspensión de las conversaciones.
CRISIS POLÍTICA
Las protestas comenzaron el pasado mes de abril por una reforma de la seguridad social que aumentaba las retenciones a trabajadores y empresarios y ponía a cotizar a los jubilados, pero crecieron rápidamente hasta reclamar la "democratización" del país.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo para "observar" la situación y determinaron que se han cometido graves violaciones de los Derechos Humanos por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y "grupos paraestatales" contra manifestantes.
Según el balance de víctimas proporcionado por los expertos de la CIDH, al menos 76 personas murieron, 868 resultaron heridas y 438 fueron detenidas hasta el 21 de mayo. La mayoría de las víctimas eran jóvenes manifestantes, aunque los investigadores regionales han identificado también a dos policías muertos y han registrado agresiones contra otros funcionarios.
REACCIONES
El Gobierno ha condenado los hechos y ha atribuido lo sucedido a la "violencia delincuencial generada por grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas", tal y como ha recogido en un comunicado en el que ha negado "cualquier responsabilidad en la violencia" registrada en las calles nicaragüenses.
"En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno, por lo que no podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos", señala el documento.
Estados Unidos, por su parte, ha lamentado "la respuesta violenta dada por el Gobierno nicaragüense a las marchas pacíficas del Día de la Madre (...) las golpizas de periodistas y ataques contra la televisión local y estaciones de radio", según ha recogido la agencia de noticias Reuters.
El Parlamento Europeo ha calificado la situación de una "brutal represión" y ha reclamado una "reforma electoral con vistas a unas elecciones justas, transparentes y creíbles que respeten las normas internacionales".