Publicado 18/06/2015 22:37

Amplían la imputación del vicepresidente de Argentina

El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou.
REUTERS

   BUENOS AIRES, 18 Jun. (Notimérica) -

   El fiscal argentino Gerardo Pollicita ha ampliado la imputación contra el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, en la causa por supuesta falsificación de documentos públicos al detectar otro vehículo que el político había registrado en una dirección falsa.

   Boudou es una de las figuras políticas argentinas con el expediente judicial más marcado, ya que está procesado o investigado en hasta siete causas diferentes, una de ellas por enriquecimiento ilícito y otra por aceptar sobornos para levantar la quiebra de la empresa Ciccone, encargada de imprimir los billetes argentinos.

   El fiscal Pollicita es el encargado de impulsar una de esas causas, la falsificación de documentos públicos al haber utilizado en el DNI dos direcciones que nunca fueron suyas, una de ellas en la capital y otra en la provincia de Buenos Aires.

   Esta segunda dirección causó especial polémica, ya que se trataba de un simple médano de arena en la playa. Ambas direcciones fraudulentas fueron usadas por el vicepresidente para inscribir dos lujosos vehículos, un coche marca Audi y una moto marca Harley Davidson.

   Ahora, el fiscal Pollicita descubrió que, en la dirección de Buenos Aires, Boudou había inscrito otro vehículo en el 2009, una moto marca BMW, por lo que decidió ampliar el requerimiento de instrucción que ya había hecho en 2014 y resultó en la imputación del vicepresidente.

   Esta causa se deriva de una denuncia por falsificación y estafa que realizó la exesposa del vicepresidente, Daniela Andriuolo, en la cual denunció que Boudou había adulterado sus bienes gananciales con el fin de no darle su parte después del divorcio, por lo cual fue también procesado en 2014.

   De esta primera causa surgió después una segunda denuncia por falsificación, relativa a las direcciones declaradas en sus documentos de identidad y que ahora ha sido ampliada por Pollicita.

   Según el Código Penal argentino, el delito de falsedad documental está penado con entre "uno a seis años de reclusión o prisión" a quien "insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio".