Actualizado 29/05/2013 16:28

Reabren causa contra procuradora general por nombramiento irregular de fiscales

 Alejandra Gils Carbó
WIKIMEDIA COMMONS


BUENOS AIRES, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala I de la Cámara Federal porteña ha decidido reabrir la causa contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por el presunto nombramiento irregular de fiscales.

Además, el fiscal federal Gerardo Di Masi ha imputado a la Procuradora General de la Nación, al juez Casanello y a dos fiscales por presunto encubrimiento del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa en la que se le investiga por lavado de dinero, según reporta la prensa bonaerense.

Por lo que respecta a la reapertura de la causa por el presunto nombramiento irregular de fiscales, ésta se inició en abril, cuando el senador radical Mario Cimadevilla, denunció a Gils Carbó por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por haber designado, presuntamente de forma ilegal, 11 fiscales subrogantes y 18 'ad hoc'.

También la acusó de haber creado, sin respetar los procedimientos legales, dos organismos de investigación dentro del Ministerio Público Fiscal: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

La decisión de reabrir la causa contra Gils Carbó fue resuelta por la Sala I de la Cámara Federal al revocar una decisión del juez federal Casanello, quien había considerado que los nombramientos de la Procuradora no constituían delito.

Casanello había archivado la denuncia pese a que el fiscal federal Guillermo Marijuan había impulsado una investigación, en la que a Gils Carbó se le achacaba el nombramiento irregular de varios subrogantes o "ad hoc".

IMPUTACIÓN

La decisión de reabrir esta causa, coincidió con la imputación de la funcionaria kirchnerista por presunto encubrimiento del empresario Lázaro Báez.

El fiscal federal Gerardo Di Massi imputó a Gils Carbó y al juez Casanello en el marco de una denuncia que hizo la diputada Elisa Carrió, quien acusó a la jefa de los fiscales y al magistrado de encubrir a Báez en la investigación por lavado de dinero.

La denuncia de Carrió contra Casanello se produjo después de que éste se negara a practicar un allanamiento pedido por Marijuan en la localidad bonaerense del Tigre, en donde se sospecha se ocultó documentación de 'La Rosadita', la financiera de Puerto Madero vinculada al caso de lavado de dinero.

Además, le reprochó el haberse declarado incompetente para investigar la denuncia que hizo por la existencia de una supuesta bóveda en la chacra de Báez en Río Gallegos. Asimismo, la acusación que hizo Carrió contra Gils Carbó y Gonella se refiere a la intervención que tuvo el Ministerio Público al comienzo de la investigación contra Báez.

Carrió considera que con su actuación, Casanello quiere "encubrir las conductas criminosas que, como se sospecha, vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional que incluyen a la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner".

PIDEN JUICIO POLÍTICO

Por otro lado, la presidenta del bloque de diputados del Gen-FAP (Generación para un Encuentro Nacional-Frente Amplio Progresista), Margarita Stolbizer, ha presentado un proyecto de resolución para promover el juicio político a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa se fundamenta en la garantía de independencia y autonomía que debe regir al Ministerio Público y que a criterio de la denunciante Gils Carbó "pone en riesgo". En especial, señala Stolbizer, cuando debe actuar frente a causas que involucran a miembros de los otros poderes.

"Las decisiones tomadas por la señora procuradora, y también las que no han sido tomadas en la forma debida, han puesto a la misma y al Ministerio Fiscal en general frente a la duda fundada sobre la preservación del principio de independencia que debió prevalecer pero aparece severamente vulnerado", expresó Stolbizer.

La legisladora apunta, en el proyecto que promueve el juicio político, a las "irregulares" designaciones de fiscales que hiciera la procuradora Gils Carbó, para proceder al reemplazo del fiscal federal Guillermo Marijuan durante su licencia, lo que ha motivado además la apertura de una causa penal, en la que se investigará la posible comisión de ilícito penal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Para la diputada del Gen, resulta "muy importante el avance de la causa judicial, pero allí se dirime la existencia de un delito penal. Nuestro objetivo es abrir este juicio por responsabilidad política de la procuradora Gils Carbo, por el ejercicio irregular e ilegal de sus atribuciones, lo que constituye la causal de mal desempeño que exige la Constitución Nacional", concluyó.