Actualizado 21/06/2016 14:01

Baltasar Garzón: "El TTIP supone dejar la economía global en manos de las multinacionales"

   MADRID, 19 Dic. (Lara Lussón - Notimérica) -

   El magistrado Baltasar Garzón, que fue apartado en 2012 de sus labores como juez en la Audiencia Nacional española, dedica ahora todo su tiempo a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), una asociación desde la que lucha por la defensa de los derechos humanos y la justicia universal.

   Lo hace motivado por el apoyo que recibe día a día por gran parte de la sociedad y se muestra "muy agradecido a todos los ciudadanos en España y en otros países del mundo que me muestran su afecto y me dan ánimos para seguir adelante". Ese calor, explica, "hace que frente a lo que pueda haber ocurrido me sienta refrendado en mis acciones, en mis actuaciones profesionales; hace que cada día me levante de buen ánimo, que pelee y no me permita desfallecer, pues debo responder a esa confianza".

   Gran parte de esa confianza le llega desde América Latina, a la que el jurista está muy unido, como él mismo asegura. "Latinoamérica es para mí parte de un continente al que estoy muy unido, al que guardo un enorme afecto y al que dedico mi esfuerzo y buena parte de mi tiempo con mucho agrado".

   Garzón hace un repaso por el continente americano, de norte a sur, para tratar algunos de los temas de mayor actualidad que tienen que ver, precisamente, con la defensa de los derechos humanos.

   Comienza por Estados Unidos y el TTIP, el tratado de libre comercio que el presidente Barack Obama está negociando prácticamente en secreto con la Unión Europea. Para Garzón "supone en la práctica dejar la economía mundial en manos de las multinacionales".

   Ante la pregunta de si existe algún método judicial para frenarlo, Garzón se muestra rotundo y asegura que "judicialmente los países deben velar porque los flujos económicos globales no supongan el empobrecimiento de las capas más desfavorecidas". Además, afirma que la Jurisdicción Universal "se va a demostrar imprescindible para evitar la impunidad" en este asunto.

   Sin dejar la política estadounidense, baja en su recorrido hasta el Caribe, desde donde llegan buenas noticias, o al menos eso parece. Tras la apertura hace un año del comercio entre el país norteamericano y Cuba, el exjuez cree que "se abren las puertas a un cambio económico que beneficiará a los cubanos", aunque advierte al Gobierno de Raúl Castro de que "debe garantizar la igualdad de derechos y posibilitar que esa apertura se consolide definitivamente en democracia".

   En Venezuela, donde recientemente se han celebrado unas elecciones a la Asamblea Nacional que han dado una fuerte mayoría a la oposición al régimen chavista de Nicolás Maduro, trata un tema que atañe directamente a España. El etarra José Ignacio de Juana Chaos, que está en busca y captura desde 2010 por un delito de enaltecimiento del terrorismo y está perfectamente localizado en Venezuela, ¿debería ser extraditado?

   La respuesta de Garzón es clara: "De Juana Chaos cumplió condena por una serie de asesinatos cometidos desde la organización terrorista a la que pertenecía. Su salida de prisión fue polémica pero legal, pero entiendo que Venezuela está obligada, por los convenios internacionales, a cumplir esta orden de extradición".

   A la izquierda de Venezuela, en Colombia, parece que el acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para lograr la paz definitiva está cerca de materializarse. De ser así, ¿deben entrar estas últimas en el parlamento colombiano y gozar de representación como fuerza política, como muchos ciudadanos reclaman?

   Para el magistrado esta situación es posible y la compara con la que vive España con la izquierda más radical. "Creo que en el proceso de normalización al que debe tender Colombia esa situación se puede dar, del mismo modo que en España tenemos representación política de la izquierda abertzale que, en un momento determinado, traspasó los límites de la legalidad".

   Pese a esto, continúa, "el proceso de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla es el camino adecuado para construir los cimientos de lo que debe ser un proceso de paz en el que la justicia tenga su lugar"; una justicia participativa y en la que la verdad y las sanciones adecuadas contribuyan a resarcir y reparar a las víctimas.

   "La paz solo será sostenible si cuenta con el aval del pueblo colombiano y gozará de credibilidad si no busca la impunidad de los diferentes actores del conflicto armado colombiano" que, advierte, "no están solo en las filas de las FARC".

   El recorrido de uno de los juristas más relevantes del panorama nacional e internacional continúa por Perú, donde suena como posible futura presidenta un nombre controvertido: Keiko Fujimori, la hija del exmandatario Alberto Fujimori, que actualmente cumple una condena de veinticinco años de prisión por distintos delitos contra los derechos humanos.

   Ante la posibilidad de que Fujimori se alce con el poder en las próximas elecciones presidenciales del país que se celebrarán en el mes de abril, también Garzón muestra su opinión sin tapujos. "Creo que Perú se merece un Gobierno democrático en el que se respeten los derechos humanos, a las poblaciones indígenas y la integridad de la naturaleza y pienso que no son esos los valores que integra esa candidata"; pero añade que "en todo caso, es el pueblo el que tiene que exigir con claridad y contundencia el compromiso asumido por cualquier candidato".

   Baja por Perú hasta Chile para apoyar al expresidente Ricardo Lagos. Allí conocen bien al exjuez, pues el arresto del dictador Augusto Pinochet, que se produjo en Londres en 1998 a instancias de Garzón apoyado en el principio de Jurisdicción Universal, marcó un hito en el tratamiento penal de genocidas y autores de crímenes contra la humanidad, aunque el dictador falleciera antes de que se le llegase a juzgar por los más de 300 cargos criminales que se presentaron contra él.

   El expresidente Lagos, en otra entrevista con este medio, explicó que tras su decisión de ocultar durante cincuenta años los testimonios que ayudaron a esclarecer las torturas llevadas a cabo durante la dictadura, el pueblo le reprocha que lo hizo para que no se pudiera seguir investigando sobre el tema, aunque él alude a la dignidad de las víctimas.

Para Garzón, "Lagos presentó al pueblo el informe sobre Prisión Política y Tortura, lo más duro que ha hecho. Puedo entender que se quieran reservar algunos aspectos íntimos que afecten especialmente a la dignidad de las víctimas, siempre que esos informes no sirvan para preservar la impunidad. Lo que desvelan esos hechos es la degeneración del ser humano interpretado por Pinochet y quienes con el atentaron contra el pueblo chileno".

El recorrido por América termina en Argentina, uno de los países más queridos por el fundador y presidente de FIBGAR, pues allí se refugió hace tres años cuando se hizo firme la sentencia de su inhabilitación.

   "Agradezco a Argentina cómo me han recibido en momentos difíciles de mi vida y siempre estaré a su disposición para trabajar por los derechos humanos", cuenta Garzón, que preside allí el Centro de Promoción de DDHH de categoría dos de la UNESCO.

Defiende a capa y espada la labor de los doce años de gobiernos peronistas –a los que ahora ha puesto fin la llegada a la Casa Rosada de Mauricio Macri-. "Argentina ha desarrollado en los últimos 12 años una política de Estado sumamente solvente en el área de los derechos humanos y ese es un valor que debe mantenerse".

"Hoy es un país respetado en el mundo por esos altos estándares en esta materia. Es una conquista del pueblo argentino que no debe permitir que nadie le sustraiga esa realidad. Espero que esa valiosa cualidad que diferencia a esta nación del resto de los países siga avanzando con este nuevo Gobierno y que todos los logros conseguidos con tanto esfuerzo y tanto dolor se mantengan para ejemplo del mundo", añade.

Con la misma rotundidad ha defendido siempre la no implicación del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la muerte de Alberto Nisman, el fiscal del caso AMIA (como se conoce al ataque terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994).

Nisman murió en extrañas circunstancias el pasado mes de enero, justo el mismo día que tenía que presentarse ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados argentina para ser interrogado sobre los fundamentos de su denuncia que, como él mismo había reiterado en varias ocasiones, implicaban directamente al Gobierno de Irán y a la presidenta argentina.

"El caso Nisman está en manos de la justicia y hay que confiar en las resoluciones que adopten los jueces. Y no, no creo que el Gobierno esté relacionado en ese hecho, porque uno de los principales afectados por ese hecho fue el propio Gobierno. En todo caso, ha habido decisiones judiciales claras y la investigación está abierta", sentencia Garzón.