BOGOTÁ, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía ha comenzado a rastrear los bienes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una decena de países latinoamericanos y europeos para garantizar la reparación económica a las víctimas de cara al proceso de paz que arrancará el próximo 8 de octubre en la capital noruega, Oslo.
Según ha revelado el diario 'El Tiempo', la Fiscalía calcula que la guerrilla obtienen anualmente unos 2.000 millones de pesos (849.909 millones de euros) para financiarse, en su mayor parte procedentes del negocio del narcotráfico.
Aunque la mayoría del dinero está en Colombia, el Ministerio Público estima que el 30 por ciento ha salido del país en forma de inversión extranjera, enfocada, principalmente, a los sectores de la hostelería, la restauración y de los transportes.
En concreto, las autoridades colombianas han dirigido su mirada a países europeos como Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Países Bajos y a países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Costa Rica y Panamá, "donde hay evidencias de sus inversiones".
En las investigaciones colabora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según el cual, la guerrilla ha invertido su dinero en las empresas panameñas Construcciones Integrales del Istmo, Obras Civiles y Vivienda Industrializada, Selwin International y Corvay Overseas.
FONDOS EN COLOMBIA
En Colombia, los fondos de la guerrilla parece que se han invertido en la adquisición de al menos 151.000 hectáreas en San Vicente del Caguán (sur), zona desmilitarizada por el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) en el marco del fallido proceso de paz.
La Fiscalía sospecha que las FARC poseen más de 300.000 hectáreas en todo el país, 151.000 en San Vicente del Caguán, cuya propiedad habría sido adquirida de forma irregular, según un informe de la Unidad de Investigación.
Del total, 97.000 hectáreas de adquirieron falsificando firmas, 45.000 uniendo parcelas de forma ilegal, 17.000 comprando por debajo del valor catastral y 474 fueron adjudicadas por el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) con resoluciones no oficiales firmadas por funcionarios desaparecidos.
Una fuente del equipo de investigación ha apuntado que, una vez que concluya la revisión de los terrenos en San Vicente del Caguán, comenzarán las pesquisas en los departamentos de Putumayo, Cauca (sur) y Meta (centro).
Además, el informe destaca tres casos de empresarios colombianos que en los últimos tiempos han comprado terrenos en las zonas ocupadas por la guerrilla, uno de los cuales adquirió más de 45.000 hectáreas. Llama la atención que la mayoría de los contratos de compraventa carecen del certificado de 'traditio'.
REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS
La Fiscalía ha explicado que el objetivo de las pesquisas es garantizar la reparación económica a las víctimas, en caso de que el proceso de paz concluya con éxito, tal y como recoge la Ley de Víctimas, aprobada por el Gobierno de Juan Manuel Santos.
"Como advirtió el fiscal general, Eduardo Montealegre, tras el anuncio del inicio de un diálogo de paz, si las FARC quieren la paz deben reparar económicamente a sus víctimas", ha dicho la fuente del Ministerio Público.
Con ello, se pretende evitar lo ocurrido hace cuatro años con el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, que hasta ahora solamente han entregado bienes ruinosos y con cargas legales para la reparación de las víctimas.