BOGOTÁ, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro para el Postconflicto de Colombia, Rafael Pardo, ha admitido este viernes que si el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es culpable del asesinato del líder indígena Aulio Isararama será un "campanazo", ya que el Gobierno y la guerrilla están inmersos en un diálogo de paz.
Interrogado sobre las informaciones que apuntan a que el ELN sería el autor de este crimen, Pardo ha confesado que sería "muy grave". "Sería un campanazo de alerta muy serio sobre lo que este grupo guerrillero está haciendo", ha sostenido, de acuerdo con la prensa local.
Gobierno y ELN comenzaron a negociar la paz el 8 de febrero de 2016 que se ha caracterizado por la tensión entre las partes. El mayor logro de estas conversaciones fue la tregua bilateral que entró en vigor el pasado 1 de octubre, que podría verse afectada por este suceso.
Isararama, gobernador de la comunidad indígena de Catru Dubaza Ancoso, en el Alto Baudó colombiano, fue asesinado el martes por la noche, cuando hombres armados le dispararon para después darse a la fuga, según han contado las organizaciones indígenas de la región.
Estas mismas organizaciones pidieron en un comunicado al Gobierno que investigara la posible implicación del ELN porque en esta zona se disputa el control de varios territorios, entre ellos el Baudó, con la banda criminal del Clan del Golfo.
El Gobierno ha creado una comisión especial para investigar este crimen. "Nosotros somos los más interesados en ponerle coto a esa situación. Los tres últimos dirigentes sociales asesinados, por ejemplo, eran personas que estaban ayudando a la política del Gobierno", ha dicho este viernes el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Santos anunció la semana pasada una "intervención integral" en el departamento de Nariño tras los recientes asesinatos de líderes sociales --hasta ocho en apenas unos días-- a manos de organizaciones criminales que se disputan el control de las rutas de la droga en Tumaco, en la frontera con Ecuador.
En lo que va de año, han sido asesinados decenas de líderes sociales. Según el Gobierno, son unos 50, si bien el movimiento político Marcha Patriótica asegura que son 120.
Activistas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han advertido de que la violencia se ha disparado en los territorios que las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han abandonado como parte del acuerdo de paz firmado en 2016.