Actualizado 17/12/2013 21:03

Santos firma el decreto para defender las islas en el Caribe frente a Nicaragua

Juan Manuel Santos
Foto: EUROPA PRESS/PRESIDENCIA DE COLOMBIA

BOGOTÁ, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha firmado este martes el decreto que crea una zona de unión de todas las islas y cayos del Caribe para declarar inaplicable el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

   Santos ya presentó el proyecto el lunes para "frenar las pretensiones expansionistas de Nicaragua", que incluye una acción conjunta con Costa Rica, Panamá y Jamaica. La CIJ reconoció el pasado 19 de noviembre la soberanía colombiana sobre este archipiélago, que reclamaban tanto Bogotá como Managua, y amplió la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas en todos los puntos de la línea limítrofe.

   El decreto contempla que Colombia ejercerá su jurisdicción en el archipiélago y las aguas circundantes como una región unida y sin espacios entre las islas mediante la creación de la Zona Contigua Integral, donde "el Estado colombiano ejercerá su autoridad soberana y las facultades de implementación y control necesarias".

   La ley permitirá al Gobierno controlar la zona para evitar el tráfico de drogas y luchar contra la piratería. "De la misma manera, se prevendrá y controlará la infracción de leyes y reglamentos relacionados con la preservación del medio ambiente, el patrimonio cultural, y el ejercicio de los derechos históricos de pesca que ostenta el Estado colombiano", destaca el decreto.

   El Gobierno asegura en el decreto que respetará el Derecho Internacional para crear dichas zonas "y los diversos espacios marítimos generados por las islas que conforman los territorios insulares de Colombia en el Mar Caribe Occidental".

   Santos aseguró el lunes que el fallo "no es aplicable" porque, según la Carta Magna, y la interpretación de la Corte Constitucional, cualquier modificación del territorio colombiano debe producirse a través de un tratado internacional ratificado por el Congreso.