Guerrillero de las FARC
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MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), formación política surgida de las FARC, ha denunciado este sábado que el asesinato de más de 133 exguerrilleros constituye "una clara violación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".

El presidente del Consejo Nacional de los Comunes ha convocado una reunión de emergencia para "analizar la grave situación de seguridad que afecta al conjunto de la militancia" y que se ha cobrado, según afirman en un comunicado oficial, la vida de "133 exguerrilleros, así como de 34 de sus familiares y once más desaparecidos, que se suman a los más de 600 compatriotas asesinados por su papel de liderazgo en sus comunidades".

Tras esta reunión, los líderes del partido FARC han indicado en una declaración oficial que "estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado y el Gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos, incluidos los firmantes del acuerdo de paz y los líderes sociales".

Ante esta situación han calificado de "inaceptables" las explicaciones que han recibido hasta el momento por parte del Gobierno, de la misma forma que han criticado los informes publicados por la Fiscalía General de la nación al considerar que "presentan frías cifras sobre presuntos responsables, sin que se vea un claro compromiso por parte del Estado para garantizar la vida de todos los colombianos y mucho menos la intención de poner en marcha las políticas, los mecanismos y las medidas acordadas dentro del Plan Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política".

También consideran inadmisible la que han descrito como una "campaña de estigmatización lanzada contra el partido, sus militantes y sus dirigentes" que, según explican en el comunicado, "estimula los instintos criminales de quienes aprietan los gatillos; y que constituye una campaña de persecución política y hostigamiento contra quienes somos signatarios de un tratado de paz con el Estado".

Además han hecho un llamamiento a la comunidad internacional y a la Procuraduría Nacional y la Defensoría del Pueblo para que "tomen cartas en este asunto de vital importancia para lograr el afianzamiento de la paz estable y duradera en nuestro país".

Por último han convocado a todos los sectores del país a "superar la indiferencia frente a el baño de sangre que estamos padeciendo; el momento exige, asumir la responsabilidad que tenemos todos los colombianos, para evitar que la tan anhelada paz, termine ahogada en un charco de sangre".

"Solo la más vigorosa movilización de los millones de colombianos que le apostamos a la paz, podrá detener los planes criminales de quienes se benefician económica, política y socialmente de la guerra", concluye el comunicado.

Este documento se ha publicado después de que el pasado miércoles dos exguerrilleros de las FARC fuesen asesinados en acciones separadas en los departamentos de Cauca y Nariño, en el marco de la ola de violencia contra antiguos combatientes y líderes sociales que, según ha denunciado la FARC, amenaza el proceso de paz en Colombia.

Según el Gobierno de Colombia, desde la firma del acuerdo de paz, en 2016, al menos 133 antiguos combatientes han muerto siendo víctimas de ataques que se atribuyen a grupos armados y, en menor medida, a las fuerzas de seguridad.

La violencia se ha disparado desde la entrada en vigor del acuerdo de paz debido a la lucha entre grupos armados rivales, que incluyen las disidencias de las FARC, por ocupar el vacío dejado por la extinta guerrilla para hacerse cargo de lucrativos negocios como el narcotráfico o la minería ilegal.