MANAGUA, 10 Abr. (Notimérica) -
El Gobierno de Nicaragua informó este martes que mantiene reuniones "informales" con los delegados de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), después de finalizar oficialmente la mesa de negociaciones sin alcanzar un consenso en varios puntos.
"La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional informa que ha sostenido conversaciones informales con la representación de la ACJD frente a la necesidad de avanzar en la discusión y toma de decisiones sobre los puntos de agenda, previamente acordados", indica en un comunicado oficial publicado por la web gubernamental '19 Digital'.
En su nota, los negociadores del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional agradecieron el papel de los testigos y garantes del proceso, que terminó el pasado 3 de abril, cuyas delegaciones entraron en un período de reflexión y consulta hasta que se pueda retomar el diálogo.
"Seguimos trabajando por el entendimiento nacional y la paz, tal y como nos demandan las familias nicaragüenses, que queremos fortalecer la convivencia armoniosa, el trabajo y el bienestar de todos", concluye el comunicado.
La mesa de negociación para superar la crisis en Nicaragua fue instalada a principios del pasado mes de marzo, con el acompañamiento del Vaticano y la Organización de Estados Americanos (OEA), y la posterior adición del Comité Internacional de la Cruz Roja, que asesora sobre la acordada excarcelación de los opositores detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2018.
El pasado 15 de marzo las autoridades nicaragüenses liberaron a un grupo inicial de 50 personas acusadas de delitos contra el Estado, y dos semanas después excarcelaron a otro medio centenar de personas.
La crisis política en Nicaragua, la peor a la que se ha enfrentado el presidente, Daniel Ortega, en sus quince años de gobierno, estalló en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social. Las protestas crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de la nación centroamericana.
Más de 300 personas murieron y miles fueron detenidas por la represión de la Policía y grupos de civiles armados afines al Gobierno, según ha documentado el sistema interamericano, que ha recomendado juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.