MANAGUA, 5 Abr. (Notimérica) -
El Gobierno nicaragüense ratificó este jueves mediante un comunicado que cumplirá los acuerdos negociados con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia --oposición-- para superar la crisis política, después de poner fin al diálogo sin un consenso en temas de la agenda, como las reformas electorales.
"La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la Mesa de Negociación ratifica la inalterable voluntad y compromiso de nuestro Gobierno de avanzar en el cumplimiento de los puntos acordados", indica la nota publicada por la web '19Digital'.
Según los miembros del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (izquierda), se seguirá trabajando de acuerdo a los planes consensuados, por el entendimiento y la paz.
"Hemos sabido trascender los más grandes desafíos, promoviendo el respeto a la diversidad, a la Constitución, a las leyes, y trabajando incansablemente por la reconciliación, el encuentro, la seguridad, la estabilidad y la paz", concluye el pronunciamiento de los negociadores del Sandinismo.
Este 3 de abril venció el plazo establecido para las conversaciones entre el Gobierno y la opositora alianza Cívica, cuyas delegaciones entraron en un período de reflexión y consulta hasta que se pueda retomar el diálogo.
La Alianza Cívica, informó de que en este tiempo se han llegado a dos acuerdos importantes, el que ha permitido liberar a 150 detenidos en las manifestaciones, bajo la promesa de liberar a todos, y otro para "fortalecer los derechos y garantías".
Sin embargo, según el comunicado emitido por la Mesa de Negociación, no se alcanzó un consenso sobre los puntos de la agenda referentes a verdad, justicia, reparación y no repetición, ni al fortalecimiento de la democracia y las reformas electorales.
"La Mesa de Negociación considera necesario darse un tiempo para reflexionar y hacer consultas hasta lograr las condiciones que permitan retomar el debate sobre dichos temas", agrega el comunicado.
El diálogo transcurrió entre altibajos, con ausencias de la Alianza por una supuesta falta de voluntad política del Sandinismo, mientras el Gobierno ratificó su compromiso de cumplir lo pactado.
La crisis política en Nicaragua, la peor a la que se ha enfrentado Ortega en sus quince años de gobierno, estalló en abril de 2018 por una polémica reforma de la seguridad social. Las protestas crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de la nación centroamericana.
Más de 300 personas murieron y miles fueron detenidas por la represión de la Policía y grupos de civiles armados afines al Gobierno, según ha documentado el sistema interamericano, que ha recomendado juzgar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.