CIUDAD DE MÉXICO, 1 Dic. (Notimérica) -
Desde hace 11 años es habitual ver a militares patrullando las calles de México y desde este jueves, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior del país, se convertirá en lo regular. No obstante, la aprobación genera polémica ya que los ciudadanos aseguran que el hecho de ver al Ejército armado en las calles provoca más violencia.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, asegura que esta ley era de "imperiosa necesidad" ya que los militares patrullan en las calles para garantizar la seguridad y evitar más violencia.
En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón, ordenó el despliegue de miles de soldados en Michoacán (México) para combatir a los cárteles del narcotráfico y se fue extendiendo al resto de estados del país.
Desde ese año, más de 750.000 miliares del Ejército y la Armada han sustituido a la policía en cientos de municipios de todo el país. Parte de la oposición del Gobierno así como organizaciones no gubernamentales (ONGs) aseguran que la aprobación de dicha ley provocará más violencia, más violaciones a los Derechos Humanos y otorgará plena autoridad a las Fuerzas Armadas.
"¿Deberíamos dar un paso más atrás y preguntar, '¿es la seguridad interior el marco conceptual adecuado para abordar los retos de criminalidad y violencia que enfrenta México?' El Concepto de 'seguridad interior' se asocia a un entendimiento de la seguridad propio de los regímenes autoritarios", cuestionó el representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Juan Jarab, al periódico español 'El País'.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde que el Ejército está desplegado en las calles se han dado miles de quejas por casos de tortura, desaparición forzada y homicidio cometidos supuestamente por militares.
Además, las ONGs aseguran que la aprobación de dicha ley implicará la militarización inmediata de México, donde el Gobierno podrá usar su poder en cualquier situación, como por ejemplo una manifestación.
Por su parte, desde el partido del presidente Peña Nieto, Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha rebatido las críticas asegurando que la ley prohíbe expresamente que el Ejército reprima protestas sociales.