MÉXICO DF, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha reunido este miércoles en la residencia oficial de Los Pinos con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al Hussein, quien ha reclamado al Gobierno mexicano que retire al Ejército de las calles.
El Alto Comisionado de la ONU ha concluido su primera visita oficial a México, que tenía como objetivo conocer los avances y retos de México en materia de Derechos Humanos a partir de encuentros con altos funcionarios del gobierno mexicano y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Tras este encuentro privado, Al Hussein ha instado al Gobierno mexicano a trabajar de manera urgente en varias medidas clave, entre las que destaca la retirada del Ejército de las calles, tal y como ha informado el diario local 'Excelsior'.
En este sentido, ha reclamado un fortalecimiento de los mecanismos de justicia, que garantice una investigación adecuada de las violaciones de Derechos Humanos, así como un mayor control sobre las fuerzas del orden para que puedan llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en la línea con las obligaciones de derechos fundamentales.
De esta forma, ha insistido en la necesidad de planificar el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública e implementar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) sobre casos como el de Ayotzinapa, considerando además la posibilidad de desarrollar "mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves".
LOS MILITARES DEBEN DECLARAR ANTE LA CIDH
Por otra parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha señalado que México debe permitir que militares que fueron, al menos, testigos de los ataques a estudiantes que dejaron a 43 desaparecidos el año pasado, sean entrevistados por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Gobierno mexicano dio facilidades este año a un grupo de exfiscales, en su mayoría extranjeros, que revisaron el caso de los estudiantes de magisterio desaparecidos y lanzaron el 6 de septiembre un informe que demolió la versión oficial de que los jóvenes fueron asesinados y quemados en un basurero, tal y como informa la agencia Reuters.
El llamado GIEI tuvo acceso a todo el expediente del caso y entrevistó a detenidos y otros involucrados, pero el Gobierno se negó a que militares que estuvieron en la zona y tuvieron conocimiento del hecho, pero no intervinieron, fueran interrogados.
"Es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI, incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del batallón número 27", ha apostillado Al Hussein.