MÉXICO DF, 26 Sep. (Notimérica) -
Ha pasado un año desde la desaparición de los 43 'normalistas' de Ayotzinapa y la reivindicación de los familiares de estos estudiantes de magisterio continúa siendo la misma: el esclarecimiento de lo ocurrido. Un suceso que consternó a la opinión pública mexicana durante meses y que supuso un duro golpe para la popularidad del presidente del país, Enrique Peña Nieto.
Pero no solo los padres de los desaparecidos mantienen esta exigencia, organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de los Estados Americanos (OEA) han mostrado su descontento con la investigación del Gobierno Mexicano sobre estos hechos.
Por su parte, la sociedad civil ha ido mucho más allá y en la multitud de manifestaciones que se han producido en estos doce meses para reclamar Justicia, ha señalado directamente al Estado como principal culpable de lo ocurrido. Para ello, argumentan que la última vez que fueron vistos con vidas estos estudiantes, se encontraban en manos de la Policía Municipal de Iguala, quien los retuvo tras interceptar los autobuses que los estudiantes habían secuestrado previamente para viajar hasta México DF.
La versión oficial asegura que los agentes confundieron a los estudiantes con miembros del grupo criminal 'Los Rojos', contrario al que domina el territorio, 'Guerreros Unidos', y por ello entregaron a 43 de estos 'normalistas' a este último grupo dedicado al narcotráfico. Además, defiende que fueron miembros de esta misma organización quienes los mataron y calcinaron en el basurero de Cocula, una localidad cercana al lugar donde se produjo el secuestro, para posteriormente tirar sus cenizas a un río cercano.
Una versión cuestionada por numerosas organizaciones internacionales. La última en hacerlo y además de forma contundente, fue la OEA. Esta organización, que investigó lo ocurrido con el beneplácito del Gobierno mexicano, aseguró que los estudiantes no pudieron ser incinerados en el vertedero de Cocula debido a que "no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un sólo cuerpo".
En su informe, también aseguró que de los cinco autobuses, solo uno de ellos no fue atacado, sino únicamente desalojado, y esto --sospechan-- se debe a que transportaba un importante alijo de droga que querían proteger, lo cual podría explicar el móvil del crimen contra los 'normalistas'.
Doce meses después de este trágico suceso, Guerrero cuenta con un nuevo gobernador; el procurador general de la República, la persona encargada de dirigir las investigaciones, ha cambiado y la Alcaldía y Jefatura de la Policía Municipal de Iguala también cuentan con nuevos dirigentes. Sin embargo, las incógnitas siguen rodeando este caso, considerado por organizaciones como Amnistía Internacional, como la mayor crisis de derechos humanos que sufre el país desde la matanza en 1968 de cientos --el número nunca se determinó-- de estudiantes en Tlatelolco.
Un trágico suceso que indignó a la sociedad civil mexicana y provocó una de las mayores olas de protesta de las últimas décadas. A pesar de que pasados los seis meses, el número de manifestaciones disminuyó considerablemente, durante medio año, las calles de las ciudades más importantes del país clamaban Justicia por estos hechos, en una muestra clara del hartazgo de la sociedad mexicana ante la impunidad que se da en el país.
En algunos casos, la indignación llegó a transformarse en violencia y, de hecho, lo ocurrido el pasado 26 de septiembre, acabó marcando las elecciones del 7 de junio --en ellas se eligieron a diputados federales, alcaldes y gobernadores de varios estados. En ciudades como Tixtla (Guerrero), Tehuantepec (Oaxaca) o Belisario Domínguez (Chiapas) se quemaron urnas con una gran cantidad de votos emitidos, y se clausuraron varios colegios electorales.
Se hacía realidad así la amenaza de los familiares de los 'normalistas' desaparecidos que habían advertido que boicotearían la cita electoral, gracias al apoyo de los maestros del sindicado Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes también protestaban por la reforma educativa que pretende aplicar el Ejecutivo de Peña Nieto.
El boicot a la jornada electoral no ha sido el único suceso violento que han protagonizado quienes luchan porque se haga Justicia con el 'caso Iguala'. Guerrero ha vivido durante estos doce meses otros episodios, como la quema del Palacio de Gobierno o de la Alcaldía de Chilpancingo, capital de este estado, el pasado 14 de octubre, así como numerosos ataques contra las fuerzas de seguridad.
La indignación se expandió a nivel internacional y lo ocurrido en Ayotzinapa acabó acaparando la atención en la entrega del Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre, cuando el joven mexicano, Adán Cortés, irrumpió en la ceremonia con una bandera mexicana para exigir Justicia por este caso.
Aunque, un año después, las cifras de violencia apenas han sufrido alguna alteración, tras Ayotzinapa, México es otro. La sociedad ha demostrado en las innumerables manifestaciones que está harta de la impunidad y la injusticia y ha lanzado un mensaje claro: permanecerá alerta ante cualquier intento de ocultar un crimen como el de los 'normalistas'.