CARACAS, 21 Oct. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Venezuela seguirá comprando alimentos a empresarios mexicanos para programas sociales, ha comunicado este sábado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, una decisión que se produce después de que las autoridades de México multasen a varias compañías que suministran a Venezuela por especular con los precios y les ordenasen detener la exportación.
Por su parte, Venezuela ha cuestionado las acusaciones y las ha considerado un "atropello" y un "intento de obstaculizar" los esfuerzos con los que su Gobierno busca "superar" la crisis de escasez de bienes en medio de una recesión económica.
"Le ratifico a los empresarios que Venezuela está preparada para seguir comprando los productos que necesitamos para complementar la dieta popular", ha asegurado el mandatario venezolano en un acto transmitido por la televisión estatal.
El programa CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), a través del cual se ofrecen alimentos subsidiados a los venezolanos, ha estado bajo investigación por denuncias de corrupción y especulación.
El pasado jueves, el Gobierno mexicano ordenó a un grupo de empresas acusadas de especular con la venta de alimentos a Venezuela a pagar tres millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados (ACNUR).
Tras esa decisión, el mandatario venezolano dijo que "los productos mexicanos eran de calidad y estaban siendo pagados a los precios que tienen que ser pagados".
Maduro ha asegurado este sábado que el Gobierno de México quiso retardar la entrega de productos, pero que no ha sido posible porque los empresarios lograron evitar que se paralizaran los despachos.
"Montaron una operación para intimidar, allanaron los depósitos a las empresas que producen y nos los venden. Nos tenían secuestradas 1,3 millones de cajas, pero ya vienen en camino", ha añadido. Desde hace casi un año, gran parte de los artículos que se venden en Venezuela provienen de México.
El Gobierno de Maduro creó el programa CLAP a mediados del 2016, pero críticos y opositores señalan que a través de este plan el mandatario ejerce control social a la población, porque para acceder a las cajas de bienes, los ciudadanos tienen que registrarse.