BOGOTÁ, 18 May. (Notimérica) -
Este jueves 18 de mayo se cumplen tres años del trágico accidente automovilístico que acabó con la vida de 33 niños colombianos y que conmocionó al país.
El incidente, conocido como la tragedia de Fundación, se produjo en la carretera que conecta Fundación con Bosconia. El autobús en el que viajaban los niños se incendió a la altura de la localidad Luna Roja, cuando regresaban de un viaje organizado por la iglesia parroquial.
Los primeros indicios indicaban que la explosión del bus se produjo por la gasolina de contrabando, una práctica extendida por toda la costa colombiana. El autobús funcionaba a gas pero contaba con gasolina de apoyo, permitiéndole circular de modo alternativo con ambos tipos de combustible, según contó el diario 'El Tiempo'. Todo apuntaba que el conductor intentó cambiar de gas a gasolina y ese cambio hizo saltar una chispa que fue la que provocó la explosión.
Pero también se sumó a este hecho que el conductor no tuviera la documentación reglamentaria y que el vehículo no pasara la revisión técnico-mecánica obligatoria. Además el autobús carecía de salidas de emergencia, lo que llevó a que los ocupantes murieran calcinados en el interior cuando se incendió el vehículo.
Los vecinos de la zona nada pudieron hacer por los ocupantes del vehículo y a pesar de su rápida intervención no pudieron sofocar las llamas. Algunos niños pudieron escapar por las ventanas pero otros, al ser más pequeños, no lo consiguieron.
El gobierno de Colombia dedicó tres días de 'duelo nacional' tras conocer la gravedad del incidente y dio sus condolencias a las victimas y sus familias, además de prometer una "ayuda económica para cubrir los gastos de traslados y su atención integral". Tres años después de la tragedia, las familias de los niños solo han recibido ayuda psicológica pero ningún tipo de ayuda monetaria.
LOS CULPABLES
Los familiares de las víctimas señalaron ciertas inconsistencias por parte de las autoridades municipales y departamentales en la investigación, además de acusar al Ministerio de Transporte ya que no tomó las acciones de control del vehículo siniestrado.
Los principales culpables fueron el conductor, Jaime Gutiérrez Ospino; el integrante de la Iglesia encargado de organizar el viaje y contratar al conductor, Manuel Ibarra; y el dueño del autobús, Alfredo Esqueda Chávez. Se les acusó de cometer un delito de homicidio grave, ya que eran conscientes de los fallos del vehículo.
Desde un principio, la Fiscalía aprobó que se enfrentasen a la pena máxima contemplada en la ley vigente en el país, que se sitúa en 60 años de cárcel. El conductor, que se dio a la fuga tras el siniestro, no tenía permiso de conducir y el vehículo llevaba más de dos años sin pasar revisión técnica.
Por su parte, Ibarra fue detenido por la Policía después de que la Fiscalía General de la Nación emitiese una orden de captura en su contra. El dueño del autobús, Alfredo Esqueda, a quién la Fiscalía investigó por el homicidio grave, fue absuelto el 25 de noviembre de 2014. En abril de 2015, el Tribunal Superior de Santa Marta revocó la libertad del dueño del autobús declarando nula la sentencia anterior que le dejaba en libertad.
El 21 de octubre de 2016 se condenó al pastor de la iglesia que organizó el viaje, Manuel Ibarra, y al conductor Jaime Gutiérrez a ir a prisión por las muertes de los 33 niños. El juez impuso una condena de 10 años y 6 meses para Ibarra, mientras que a Gutiérrez se le condenó a 10 años y 9 meses de cárcel.
Los cuerpos de los 33 niños fallecidos aquel día fueron sepultados en el Parque Cementerio Ángeles de Luz el 28 de mayo de 2014. Al sepelio asistieron el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y cerca 90.000 personas para demostrar el apoyo de la nación a tan espantoso suceso.