Experto del GIEI: "La destrucción de pruebas del 'caso Iguala' debe ser investigada"

Actualizado 29/08/2016 10:24:04 CET
Experto GIEI
GIEI

   "Nuestro trabajo es contribuir a que el esclarecimiento del caso sea relevante para las decisiones que hay que tomar en México para cerrar el círculo de violencia e impunidad"

   MADRID, 27 Abr. (Notimérica - María Fernández Sánchez) -

   El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala (Guerrero) una noche de septiembre de 2014, está de salida en México, ya que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido no prolongar su mandato.

   Este comité de juristas y médicos abandonará México el día 30, pero antes de marcharse ha presentado su último informe, un documento inconcluso que no ha logrado establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en México, debido en gran medida a las obstrucciones de las autoridades para esclarecer lo ocurrido, según denuncian.

   Los expertos han criticado que a partir de enero de este año se frenaron un amplio número de diligencias solicitadas por el grupo, tales como ahondar en la posibilidad de que los ataques contra los estudiantes se hubieran desatado porque éstos tomaron un autobús que podría contener un cargamento de droga.

   Sin embargo, el grupo sí que ha llegado a dilucidar algunos aspectos, como por ejemplo que la operación que se desencadenó la noche de la desaparición de los estudiantes "fue de alto nivel, de varias policías, de presencia de cuerpos de seguridad que no actuaron ni protegieron a los normalistas y muchos de ellos no transmitieron la situación a sus superiores", tal y como ha señalado el médico español miembro del GIEI, Carlos Beristain en una entrevista a Notimérica.

   Asimismo, el grupo también ha denunciado las irregularidades que han podido observar en la investigación capitaneada por la Procuraduría General de la República (PGR) como la posible alteración de una escena donde se encontraron pruebas, o directamente la destrucción de las mismas por funcionarios públicos. "La destrucción de pruebas del 'caso Iguala' debe ser investigada", ha afirmado Beristain.

   P (Pregunta): Las conclusiones del informe que emitieron el domingo son bastante duras. ¿Creen que el Gobierno mexicano ha obstaculizado la investigación de alguna manera?

   R (Respuesta): Lo que nosotros hemos señalado, sin hablar del Gobierno como un ente global, son las limitaciones que nos hemos encontrado en la PGR. Se creó un nuevo equipo de investigación a partir del mes de noviembre que trabajaría seis meses con un nuevo equipo.

   Si bien con ese nuevo equipo empezamos a trabajar bien los dos primeros meses, después empezaron a haber dificultades y obstáculos que hicieron que parte del expediente quedara fragmentado o que muchas peticiones que íbamos haciendo se quedaran en el cajón esperando un tiempo que no llegó hasta la última semana antes de que presentásemos el informe. Se empezaron a tomar declaraciones que nosotros habíamos pedido hacía seis meses. Hay otras muchas cosas que no se pudieran hacer.

   P: ¿Cuáles han sido los obstáculos más importantes a los que se han enfrentado a la hora de realizar la investigación?

   R: Uno es la fragmentación del expediente, el hecho de que se abran nuevas diligencias por detenciones de presuntos inculpados que quedan en manos de los investigadores y nunca se adjuntan a la causa. Eso pasó con Gildardo López Estudillo, uno de los señalados por ser uno de los jefes del Cartel de Guerreros Unidos que habría dado la orden de asesinar y quemar a los estudiantes, según la versión oficial.

   La primera declaración de este hombre sí estaba en el expediente, pero la declaración ofrecida unas horas después, sin el conocimiento ni la presencia del GIEI y en la que dijo muchísimas otras cosas, no estaba en el expediente. Se quedó en otra averiguación, que llevaban otros equipos de investigación. Estas cosas, cuando se hacen una vez, pueden ser problemas de un día, pero cuando se hacen de manera frecuente se convierten en prácticas.

   Otras veces hemos visto la falta de acceso a información, no sólo a entrevistas, sino también a documentos de acción, marcos de trabajo del personal militar en el ámbito de Iguala, cosas que son importantes para averiguar el comportamiento de las fuerzas de seguridad que esa noche estuvieron presentes en el escenario del crimen o en la detención de los normalistas. La falta de acceso a la información impide hacer una evaluación y tener un mayor conocimiento del caso de lo que pasó esa noche.

   Estos son algunos ejemplos, al margen de la destrucción de vídeos como el vídeo del Palacio de Justicia, que fue aparentemente destruido por una magistrada que consideró que no había mucho que ver. Sin embargo, era la única prueba visual de lo que había pasado. La destrucción de pruebas debe ser investigada.

   P: Como el vídeo que acaba de aparecer en el río San Juan, donde se aprecia como las autoridades, que aparecen con uno de los detenidos por la desaparición de los estudiantes, "preparan" la escena un día antes de que se anunciara el hallazgo de pruebas en dicho lugar...

   R: Sí y no hay registro de ninguna de esas acciones en el expediente, aunque nosotros conocimos la noticia, publicada por la prensa local, de que se había realizado esta visita.

   Con el servicio material que nos fue llegando averiguamos que se habían hecho acciones por parte del Tomás Zerón, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, los servicios periciales de la PGR, en contexto del trabajo con la Marina de la custodia de la zona. La bolsa que se encontró en el lugar el día después contenía los restos de uno de los normalistas desaparecidos, de Alexander Mora. Todo esto demuestra una falta de base legal del trabajo que se tiene que investigar.

   P: En concreto, ustedes denuncian que los militares que rondaban por la zona en el momento de la desaparición de los estudiantes no han sido interrogados. Incluso un oficial de inteligencia tenía pruebas fotográficas que se han perdido...

   R: No es tanto una queja nuestra como que no se quiera realizar una investigación seria de lo que pasó. Una desaparición forzada necesita realizar todas las pruebas y solamente cuando nosotros dijimos que había un militar que había hecho fotografías de la zona, la PGR envió dos fotografías, pero en formato Power Point, que no son las originales, que no permiten trabajarlas, que no tienen buena calidad.

   Además, uno se pregunta por qué se ha hecho un Power Point con esas fotografías, a quien se han enseñado y por qué no se presentan las originales. La respuesta que dio después el Ejército sobre el soporte donde se habrían guardado estas imágenes es que era de uso personal del soldado de inteligencia y que no era accesible. ¿Cómo es posible?

   P: El GIEI también indica que hay indicios de que los detenidos por el 'caso Iguala' pudieron ser torturados. ¿Hablaron con ellos directamente?

   R: Sí, pero para determinar esto no nos centramos tanto en lo que nos habían contado, que obviamente nos contaron muchas cosas, sino en el análisis de la documentación ya existente en el expediente. Es una indagación basada en los informes médicos que ya están en el expediente para evitar que hubiera valoraciones si usábamos otras fuentes o declaraciones que nos habían dado exclusivamente a nosotros.

   Hemos usado la fuente directa de lo que ya está en el expediente, un estudio de los informes médicos que muestran que estas personas tienen serios indicios de haber sido torturadas. Esto indica no sólamente que hay que documentar mejor los casos de torturas, sino que no hay garantías en la detención en estos casos. Hacer informes médicos no se debería limitar a constatar lesiones sino también proteger la integridad del detenido. Alguien es responsable de eso y que hay que investigar quién es.

   P: El GIEI ha dicho que no pueden realizar conclusiones porque falta información, ¿pero hay alguna de las hipótesis que tenga más peso?

   R: Para nosotros que el autobús en el que viajaban los estudiantes tuviera un cargamento de droga es la hipótesis que más explica el conjunto de la acción. Hay un estereotipo contra los normalistas, como los guerrilleros, los revoltosos, que probablemente pudiera facilitar el nivel de agresión que se tuvo contra ellos, pero la operación que se desencadenó fue de alto nivel, de varios policías, de presencia de cuerpos de seguridad que no actuaron ni protegieron a los normalistas y muchos de ellos no transmitieron a sus superiores.

   Hubo un operativo en diferentes círculos para controlar la salida de buses de la ciudad de Iguala y después un bloqueo de esa carretera hasta Chilpancingo, la capital de Guerrero, que obviamente buscaba no dejar llegar a los buses que se pudieran escapar.

   Parece que el bus fue un factor clave del desencadenamiento por el ocultamiento del vehículo que no existía en el expediente, más las contradicciones en el testimonio del chofer, más la información que pudimos recabar en Chicago por el tráfico de heroína entre Iguala y Chicago a través de autobuses. Es una hipótesis que hay que investigar teniendo en cuenta que Guerrero es el estado de mayor producción de opio y heroína de México.

   P: ¿Qué va a pasar cuando el GIEI abandone México? ¿Cuál es el siguiente paso en la investigación de la desaparición de los estudiantes?

   R: Nosotros hemos dejado en nuestro informe las nuevas líneas. El informe no sólo documenta lo que hemos hecho, sino que pone también una tarea para seguir investigando para avanzar n determinar los sucedido. Eso es todo lo que queda pendiente. Nosotros hemos hecho hasta donde podemos.

   Habrá que ver cómo las instituciones asumen ese informe, no sólo de palabra, y toman esas líneas de investigación con seriedad. También cómo la sociedad civil monitorea el caso que me parece que es importante. En la Academia, en las universidades... Por otra parte, va a depender del mecanismo de seguimiento que se concrete con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nosotros somos parte de unas medidas cautelares y esas medidas no se terminan porque se acabe el mandato del GIEI.

   P: Usted ha participado en casos similares como perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos países como Colombia. ¿Hay patrones que se repiten en las desapariciones forzadas?

   R: Los casos de desaparición forzada se parecen mucho entre sí porque los hechos se hacen de una manera tendente a ocultar actividades y, después, para ocultar los elementos de investigación. El nivel de relación de complejidad se parece a otros países.

   La primera vez que fui a Colombia muchos amigos me preguntaron cómo iba a Colombia si acababa de venir de El Salvador y de Guatemala de trabajar con las víctimas. Me dijeron, ¿cómo vienes a Colombia si aquí ya no hay nadie que lo entienda?

   Eso lo aplicaría para México, una cosa importante es entender la complejidad de la violencia y no quedarse en la confusión. Esa es una parte importante de nuestro trabajo, esclarecer los hechos, porque si no es todo un 'tótum revolútum' de eventos que generan confusión. No ayuda a la búsqueda, no ayuda a frenar el impacto de la desaparición y genera más parálisis.

   Nuestro trabajo trata de contribuir al derecho a la verdad de las víctimas y del país y a que el esclarecimiento del caso sea relevante para las decisiones que hay que tomar en México para cerrar el círculo de violencia e impunidad en las violaciones a los DDHH que se genera en la actualidad.