MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS/Notimérica) -
El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, ha indicado este miércoles que ya se ha puesto en marcha la maquinaria para ejecutar la orden de captura emitida horas antes por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el ex guerrillero de las FARC 'Jesús Santrich' por supuesto narcotráfico.
Interrogado por la prensa sobre este tema, Botero ha contestado que, si bien debe haber absoluta reserva sobre el caso, ha confirmado que las Fuerzas Militares han iniciado el protocolo para cumplir la decisión judicial, para lo cual primero deberán localizarlo, ya que se encuentra en paradero desconocido desde el 30 de junio, según informa Caracol Radio.
El Supremo ordenó detener a 'Jesús Santrich' después de que no acudiera a la cita que tenía a las 9.15 (hora local) del 9 de julio con la Sala de Instrucción. Sus abogados se reunieron a puerta cerrada con los magistrados esgrimiendo que el CSJ carecía de competencia para procesar a su cliente, aunque sin éxito.
El fiscal general, Fernando Carrillo, ha lamentado que el antiguo insurgente "se ha burlado de la Justicia, de las víctimas y de aquellos que han creído en la paz". Por su parte, el consejero presidencial para el postconflicto, Emilio Archila, ha subrayado que "la mayoría" de los ex guerrilleros sí están cumpliendo lo acordado en La Habana.
Las críticas han llegado también desde sectores cercanos al partido político surgido de las FARC. Así, el senador izquierdista Iván Cepeda ha dicho en RCN Radio que se trata de "un grave incumplimiento del acuerdo de paz que se agrava por el hecho de que él era consciente del compromiso que tenía" porque fue uno de los negociaciones del grupo armado.
EN PARADERO DESCONOCIDO
'Jesús Santrich' fue liberado el pasado 30 de mayo, tras varias idas y venidas en los tribunales por la orden de captura dictada en su contra por Estados Unidos por, supuestamente, continuar con el narcotráfico una vez firmado el acuerdo de paz.
Estaba viviendo en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el departamento de César (norte), donde esperaba a la vista en la CSJ, pero la Unidad Nacional de Protección (UNP) alertó el 1 de julio de que había abandonado su "esquema de protección".
Los escoltas de 'Jesús Santrich' --entre ellos antiguos compañeros de armas-- encontraron una nota manuscrita en su habitación en la que informaba de que pasaría la noche con su hijo pequeño en la ciudad de Valledupar. Desde entonces está en paradero desconocido.
La FARC emitió un comunicado en el que urgía a su miembro a cumplir "los compromisos adquiridos en sus años de militancia revolucionaria y en virtud del acuerdo de paz", subrayando que "si algún militante decide ponerse al margen del proceso" de paz tendrá que "asumir las consecuencias".
El senador de la FARC Carlos Antonio Lozada reconoció el martes que "indudablemente esto genera unas consecuencias políticas", pero al mismo tiempo defendió que la ausencia de 'Jesús Santrich' "no va a detener el avance de la paz en Colombia" porque "este ya no es un proceso de personas", sino "un tránsito histórico" para el país.
'ITER' JUDICIAL
Estados Unidos sostiene que el delito se cometió estando vigente el acuerdo de paz. De ser así, 'Jesús Santrich' quedaría expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), volviendo a la justicia ordinaria, con penas mayores y posibilidad de extradición.
'Jesús Santrich' tiene varios frentes judiciales abiertos. El que afecta a su condición de diputado electo por el partido político surgido de las FARC en las elecciones parlamentarias de 2018, lo dirimió la CSJ al confirmar tal condición a pesar de que su detención le impidió tomar posesión del escaño.
El otro frente se refiere a un conflicto de competencias. En primer lugar, entre un tribunal ordinario y la CSJ, que también resolvió el Supremo asumiendo el caso por la condición de diputado de 'Jesús Santrich'; y, en segundo lugar, entre el Supremo y la JEP, que aún está por esclarecer.
El caso de 'Jesús Santrich' es buena muestra de las tensiones entre el Gobierno de Iván Duque y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El nuevo presidente busca cambiar el acuerdo de paz en aspectos esenciales, como la participación política y la justicia transicional, algo que la ex guerrilla considera una amenaza al proceso de paz.