Actualizado 20/12/2017 13:59

ONU Bolivia considera necesario reanudar el diálogo entre el Gobierno y los médicos en huelga

MÉDICOS BOLIVIA
REUTERS

   LA PAZ, 20 Dic. (Notimérica) -

   La Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia expresó el martes su preocupación por la interrupción de los servicios esenciales de salud como consecuencia del paro médico de un mes, "que vulnera el derecho constitucional y universal de acceso a la salud", por lo que considera necesario que los colegiados levanten esa medida de presión y reanuden el diálogo.

    La ONU "advierte que el cese o reducción del servicio agudiza condiciones de precariedad como la discriminación, maltrato y derivación desleal de pacientes, vulnerando el derecho constitucional y universal de acceso a la salud y el derecho a la vida. Además, pone en riesgo las capacidades para detectar brotes epidémicos y evitar la propagación de enfermedades", señala un comunicado enviado a 'ABI'.

    En ese documento, la ONU expresa su preocupación porque la suspensión de los servicios esenciales de salud se constituye en una amenaza que pone en peligro la vida y la salud de las personas.

    "La falta de atención oportuna podría en ciertos casos derivar en muerte o daño grave a la salud y la prolongación en el tiempo de esta situación derivar en una crisis nacional aguda", subraya el comunicado.

    Asimismo, la oficina de Naciones Unidas en Bolivia reconoce la vocación de servicio humanitario y solidaridad de los profesionales de la salud pero considera necesario, urgente y conveniente reiniciar el diálogo, con los servicios de salud funcionando en pleno.

    Los médicos acatan un paro indefinido desde el 23 de noviembre en rechazo al artículo 205 del nuevo Código Penal, el que consideran que criminaliza la profesión; también se oponen al funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud, creada por decreto.

   Los paros vienen justificados por la aprobación de un artículo en el nuevo Código Penal en el que se establecen penas de prisión de entre dos y seis años, así como la inhabilitación definitiva, contra los médicos que causen daño a la salud y a la vida de los pacientes.

   También se oponen a la creación de una Autoridad de Fiscalización y Control en Salud, una entidad cuyo propósito es regular y fiscalizar los servicios de salud, incluyendo los sueldos que ellos recibirán.

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