MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado su "profunda preocupación" por la nueva escalada de la violencia en Nicaragua, donde "más de cien" personas habrían muerto en el marco de las protestas convocadas contra el Gobierno de Daniel Ortega, muchas de ellas tiroteadas por la Policía o grupos afines al Ejecutivo.
La portavoz del Alto Comisionado, Liz Throssell, ha afirmado que al menos 16 personas han muerto esta semana, en su mayoría víctimas de la violencia registrada el miércoles, cuando miles de manifestantes salieron a las calles de varias ciudades para, coincidiendo con el Día de la Madre, recordar a todas las madres que habían perdido a sus hijos.
La ONU ha celebrado que el Ejecutivo nicaragüense haya aceptado una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), pero ha advertido de que es "profundamente lamentable" que no se haya protegido a los manifestantes o garantizado un uso correcto de la fuerza.
"Instamos a las autoridades nicaragüenses a llevar a cabo investigaciones efectivas, rápidas, independientes imparciales y transparentes sobre todas las acusaciones de graves violaciones de los Derechos Humanos que han tenido lugar en las últimas semanas", ha afirmado Throssell, que ha aludido a posibles casos de "homicidios, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias".
"Es esencial que todos los responsables de estas graves violaciones de los Derechos Humanos rindan cuentas y que las víctimas y sus familiares reciban una respuesta acorde, lo que incluye un acceso equitativo y efectivo a la Justicia", ha añadido la portavoz del Alto Comisionado.
La oficina de Zeid Raad al Husein ha vuelto a pedir "acceso inmediato" a Nicaragua para recabar "información de primera mano" sobre lo ocurrido durante las protestas y organizar "acciones concretas" para evitar que se repitan situaciones similares.
ACTIVISTAS
La ONU ha denunciado también las amenazas a periodistas, estudiantes y representantes de la Iglesia Católica y ha expresado su preocupación por la detención el 30 de mayo de seis defensores de los Derechos Humanos, entre ellos dos adolescentes, cerca de la frontera con Costa Rica. En este sentido, ha pedido a las autoridades que garanticen su pronta liberación.
Asimismo, ha instado al Gobierno a "expresar públicamente su apoyo y respeto por la importante labor de los defensores de Derechos Humanos y dar instrucciones claras a las autoridades relevantes para impedir nuevas agresiones e intimidaciones".