BOGOTÁ, 5 Nov. (Colprensa/Notimérica) -
La Unidad para la Restitución de Tierras de Colombia se pronunció este miércoles sobre el informe emitido por Amnistía Internacional, en el que manifestaba que Colombia debía garantizar la restitución de tierras a indígenas y afrodescendientes y permitirles desarrollar sus territorios libremente.
El informe de Amnistía reitera que el proceso de restitución de tierras a víctimas del conflicto es lento. Ante esto, la Unidad aseguró que "devolver más de 180.000 hectáreas de tierra, en medio del conflicto, a más de 20.000 víctimas de despojo y abandono forzado en solo cuatro años, marca resultados históricos a nivel mundial" y añadió que es "una política ágil, novedosa y lo más importante: reparadora".
En Colombia, los procesos civiles tardan más de 20 años en resolverse y la restitución de tierras está marcando nuevas líneas de jurisprudencia resolviéndolos en menos de un año. "No se trata de una carrera contra reloj, recordemos que las tierras han sido protagonistas en este conflicto que cumple 60 años en Colombia" explicó la institución.
Alrededor de ocho millones de hectáreas de tierra, un 14 por ciento del territorio colombiano, han sido abandonadas o adquiridas ilegalmente a través de violencia, intimidación o corrupción, según señala el informe de la organización. El informe difundido por Amnistía basó su investigación en dos casos de restitución de derechos territoriales de indígenas y afrodescendientes (Alto Andágueda y La Toma).
Amnistía Internacional alertó en su informe sobre la falta de formalización de la propiedad colectiva y la legislación en el sector de la minería. Para esto, la Unidad de Tierras ha explicado que la informalidad en la tenencia de tierras y el vacío en los registros son unos de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar la restitución de tierras.
Ante la falta de seguridad para líderes, funcionarios y organizaciones que abogan por la restitución de tierras, la institución ha asegurado que ninguna persona restituida ha sido nuevamente desplazada de su propiedad gracias al rigor para la restitución de tierras y a los grupos especiales de seguridad en las zonas de restitución.
Amnistía señaló también que existe una falta de investigación penal sobre los responsables de las apropiaciones ilegales, por lo que el Estado ha logrado neutralizar a las personas que impiden el proceso de restitución. Además, la Unidad de Tierras trabaja junto con el Gobierno Nacional y las entidades de control y seguridad, y ha indicado que desde que comenzó su gestión en 2012 ha devuelto unas 173.000 hectáreas a 20.000 beneficiarios.