WASHINGTON, 17 Mar. (Notimérica) -
Un total de 11 organizaciones y movimientos sociales nicaragüenses han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las "múltiples violaciones" a los derechos humanos que lleva aparejado el proyecto de construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua.
En una audiencia pública celebrada este lunes, representantes de dichas organizaciones han expuesto la existencia de irregularidades en la aprobación del proyecto y sus "graves impactos" en los derechos humanos de la población, incluidos los pueblos indígenas.
Al respecto han denunciado los "actos de agresión policial, intimidación militar y detención ilegal" a los que diversas personas han sido sometidas por protestar contra el proyecto, que se aprobó en un "anómalo proceso legislativo" de apenas 8 días.
En la sesión, de una hora y quince minutos, han comparecido representantes del Consejo Nacional por la Defensa de Nuestras Tierras, Lago y Soberanía Nacional; Centro Alexander von Humboldt; Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local Red Local; Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Rio); Fundación Popol Na para la Promoción y el Desarrollo Municipal; Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible; Fundación Hermanamientos de Nueva Guinea 'Luz en la Selva'; Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI); Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); y Unión Ciudadana por la Democracia. También ha estado representado el Gobierno.
Según han expuesto, la concesión para el canal incluye más de 10 megaproyectos de los que un solo concesionario tiene derechos exclusivos de desarrollo y operación "potencialmente por más de 116 años".
Esto --dicen-- otorga "derechos irrestrictos" sobre recursos naturales como tierra, bosques, islas, aguas superficiales y subterráneas, espacio marítimo y otros recursos adicionales.
El proyecto del Canal abarca una franja territorial de 278 kilómetros de largo, y "corta el país en dos", a lo que se suma un área de influencia directa de 10 kilómetros a cada lado del canal y áreas adicionales para la construcción de un lago artificial y una represa hidroeléctrica, "lo que representa una construcción tres veces más grande que el Canal de Panamá, significando la mayor remoción de tierra nunca antes vista".
Según los denunciantes, la Ley del Canal golpea el "debilitado estado de derecho de Nicaragua" disponiendo "arbitrariamente" de bienes públicos y privados.
Además denuncian que la Corte Suprema de Justicia tampoco vigiló el cumplimiento de las normas constitucionales y desestimó 34 recursos de inconstitucionalidad presentados por 180 ciudadanos de amplios sectores políticos, sociales, y culturales del país.
Impactos en la ecología, el patrimonio cultural y el modo de vida, e incluso la subsistencia de las personas con el desplazamiento forzoso de miles de nicaragüenses, han sido denunciados ante la CIDH, que este lunes abrió su 154 periodo de sesiones.
Según los denunciantes, la ruta anunciada del Canal afectará directamente a 7 áreas protegidas y significaría la destrucción de aproximadamente 193.000 hectáreas de bosques diversos, unas pérdidas "irreparables" de bienes naturales.
El proyecto afectará a 13 municipios en los que vive una población de más de 373.000 personas, de las que 119.000 se verán afectadas de forma directa, aunque aún sigue siendo "un secreto de Estado" el número exacto de ciudadanos que serán sometidos al "oneroso procedimiento de expropiación que contempla la Ley canalera y que los despojará de sus hogares por un pago irrisorio".
El Canal --dicen-- supondrá una barrera física infranqueable para el tránsito de personas y especies; e impactará en la producción agroganadera y en las actividades turísticas y pesqueras "amenazando la seguridad alimentaria de miles de nicaragüenses".
Además advierten de que los recursos hídricos y energéticos del país serán de uso prioritario para el proyecto, que dañaría centros de salud, educativos, templos o cementerios y miles de viviendas.
Con todo, la mayor amenaza del Canal se cierne sobre el lago Cocibolca, la reserva de agua dulce más importante de Centroamérica, y el lago tropical más rico de América por su enorme valor ecológico, ambiental y económico, que abastece de agua potable a unas 200.000 personas, indicaron las organizaciones que han comparecido ante la CIDH.
Y una última advertencia: a partir de la aprobación de la Ley del Canal "en Nicaragua se destruyó la jerarquía constitucional; ya no es la Constitución la máxima Ley de la República", sino el acuerdo firmado al día siguiente de que se aprobara la Ley y que "entrega el país" al concesionario de la obra.
"UNA VALIOSA OPORTUNIDAD"
Mientras, el Gobierno ha defendido que el Canal va a representar "una valiosa oportunidad" para fortalecer las áreas protegidas cercanas y para romper "el círculo vicioso ente pobreza y medio ambiente".
"Es una megaobra que es amigable al medioambiente", dijo el representante del Gobierno, que anunció que este próximo mes de abril se presentarán los estudios de impacto ambiental que "de alguna manera dará respuesta" a las inquietudes de las organizaciones peticionarias de la audiencia.