RÍO DE JANEIRO, 10 Feb. (Notimérica) -
El Gobierno de Dilma Rousseff se enfrenta cada vez a mayores dificultades para aprobar su paquete de medidas de ajuste fiscal -con las que pretende ahorrar a las arcas públicas 18.000 millones de reales- pues se enfrenta a resistencias en todos los partidos de su base aliada e incluso en su propia formación, el Partido de los Trabajadores (PT).
La nueva era de austeridad inaugurada en este nuevo mandato y bendecida por el ministro de Economía y Hacienda Joaquim Levy, que habla frecuentemente de que hay que apretarse el cinturón, se centra en dos medidas, en principio provisionales, que cambian las reglas para obtener el seguro de desempleo y la pensión por viudedad, entre otros aspectos.
Los diputados y senadores del Congreso Nacional ya han presentado 620 enmiendas, y dos tercios del total no provienen de la oposición, sino de los ocho partidos que tienen representantes en los ministerios de Rousseff y que en principio representan su base aliada. Pero las voces críticas llegan incluso desde dentro del partido.
La senadora Marta Suplicy, ex ministra de Cultura, se ha convertido en un quebradero de cabeza para la presidenta desde que dejara el Gobierno haciendo sonoras críticas a su gestión, una postura que mantiene para justificar su oposición al ajuste fiscal.
"El país asiste atónito al aumento de tarifas, a la escalada de la inflación, al aumento consecutivo de los tipos de interés y de los impuestos. Sin hablar de la corrupción, que sumada a las rumbos económicos tortuosos hace cada vez más difícil rescatar la confianza y la credibilidad", ha explicado en declaraciones al diario 'Folha de São Paulo'.
El Gobierno de Rousseff tendrá ahora que hacer concesiones a sus partidos aliados, especialmente al Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), en una posición fuerte desde que consiguió colocar en la presidencia de la Cámara de Diputados a Eduardo Cunha, derrotando al candidato del PT.
El Gobierno tendrá que maniobrar para conseguir aprobar sus medidas de austeridad en medio de la caída de popularidad de Rousseff, ya que según una encuesta del instituto de opinión Datafolha divulgada el pasado fin de semana un 44% de los brasileños considera que su gestión es "mala" o "pésima", cuando en diciembre el porcentaje de descontentos era la mitad.
La delicada situación de la economía, las dificultades para gobernar y el escándalo de corrupción en Petrobras están minando la imagen de la presidenta, que estaría valorando la posibilidad de hacer un anuncio televisado después de Carnaval en el que anunciaría medidas excepcionales, según apunta la prensa local.
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