BOGOTÁ, 28 Jun. (Notimérica) -
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional acordado en La Habana entre el Gobierno colombiano y las extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) para procesar a los actores del conflicto armado, tiene 34 solicitudes de narcotraficantes extraditables que pretenden colarse para evitar ser enviados a Estados Unidos.
Entre ellos se encuentran el empresario colombo-mexicano Germán Muñoz Hoyos y la mexicana Maricela Flores Torruco, conocida como la 'Dama de hierro'.
La JEP es un sistema alterno a la justicia ordinaria que se aplica únicamente a personas vinculadas con delitos cometidos en el contexto del conflicto armado y en razón de este. Esta jurisdicción concede penas alternativas de reclusión, condenas más bajas y hasta amnistías e indultos a los excombatientes, sí y solo sí, confiesan sus delitos y permiten reparar el daño a las víctimas con la verdad.
De este modo, los delitos políticos como la rebelión y otros como el porte ilegal de armas son conductas indultadas. Sin embargo, no serán objeto de amnistías los crímenes de lesa humanidad como genocidios, toma de rehenes, secuestro, tortura, desaparición forzada, violencia sexual o ejecuciones extrajudiciales.
Por otro lado, aunque haya personas que no participaron en organizaciones armadas al margen de la ley, pero sí contribuyeron de forma directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto, también podrán acogerse a la JEP y recibir un tratamiento especial. A esto se quieren acoger los narcos nacionales y extranjeros para tener un cupo en esta justicia transicional.
Además, hay que tener en cuenta que la JEP no concede la extradición, ni medidas de aseguramiento con fines de extradición por delitos cometidos durante el conflicto armado y antes de la firma final de la paz.
Los delitos que se hayan cometidos posteriormente a la firma de paz, es decir los cometidos después de noviembre de 2016, sí podrán ser objeto de extradición.
Esta es la polémica generada en el caso del exguerrillero Jesús 'Santrich', que según la DEA negoció un cargamento de cocaína con el Cártel de Sinaloa después de la firma. La Corte Constitucional de Colombia declaró este miércoles "legal" la detención de 'Santrich', ejecutada el pasado 9 de abril.
Este hecho desató un conflicto con la desmovilizada guerrilla colombiana, ahora convertida en partido político con las mismas siglas, FARC, que considera que la captura puso el proceso de paz "en su punto más crítico" y amenaza con conducirlo a un "verdadero fracaso".