CARACAS, 31 Mar. (Notimérica) -
Tras conocerse la medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que anula las competencias de la Asamblea Nacional por desacato y se hace cargo de las mismas, la oposición venezolana y parte de la ciudadanía han denunciado la actuación y han acusado al TSJ de actuar en favor del gobierno oficialista.
El tribunal venezolano ha apelado al artículo número 336.7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, --vigente en la actualidad--, afirmando que su decisión radica de la existencia de "omisión inconstitucional parlamentaria". Esto significa que los juristas consideran que los diputados han cesado de "dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución", en referencia a la composición de las empresas mixtas propuestas por el presidente, Nicolás Maduro.
De esta manera, y a pesar de que el enfrentamiento entre Legislativo y Judicial podría tener una base constitucional, estos últimos sucesos han propiciado las acusaciones de que el TSJ trabaja a favor del oficialismo y sus medidas constituyen un 'auto-golpe' en el país. Pero ¿quién compone el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y cómo se eligen sus miembros?
La Constitución de Venezuela dedica su Capítulo III a la composición y disposiciones del Poder Judicial y del Sistema de Justicia del país, estableciendo en su artículo 254 que "el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa".
Sus miembros, repartidos en diferentes órganos dentro del mismo tribunal, "serán elegidos por un único periodo de doce años", siguiendo lo determinado por la ley en cuanto al "procedimiento de elección" de los mismos, tal y como establece el artículo 264.
Además, constitucionalmente, los funcionarios del Poder Judicial, con el objetivo de "garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones", estarán exentos de la posibilidad de "llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante".
En base a ambos artículos, se determinaría que la toma de decisiones del TSJ debería responder al ejercicio individual y consensuado de sus miembros. La elección de sus componentes dependería así de la Asamblea Nacional de Venezuela, que constituye el Poder Legislativo, aunque debe tenerse en cuenta que la actual composición del TSJ responde a la elección de algunos magistrados por parte del gobierno de Hugo Chávez, así como otros seleccionados antes de las elecciones legislativas de 2015.
El apartado mencionado anteriormente establece que, aunque "podrán postularse candidatos ante el Comité de Postulaciones Judiciales por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas a la actividad jurídica", serán los diputados y parlamentarios los que "harán la selección definitiva".
ACTUACIONES Y PRESIDENCIA DEL TSJ
Sin embargo, el presidente del Supremo de Venezuela, el magistrado Maikel Moreno, ha sido señalado desde su elección por unanimidad por ser considerado cercano al 'chavismo', más después de que ratificara la condena del líder opositor Leopoldo López.
Además, su nombre está relacionado con un caso de corrupción dentro del mismo sistema judicial de Venezuela, así es notablemente criticado por su pasado. Moreno fue acusado por el asesinato de una mujer en el año 1987, hechos por los que estuvo dos años en prisión.
La mala imagen del presidente, elegido en el mes de febrero de 2017 por los mismos miembros de la Sala Plena del Tribunal de Justicia, y las medidas tomadas por el TSJ han suscitado múltiples críticas por parte de la oposición contra la institución.
El diputado Freddy Guevara ha llamado a los ciudadanos venezolanos a proteger su Constitución, solicitando que se reclame el artículo 333, el cual establece que "esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella".
Igualmente, ha hecho alusión al artículo 350, que dicta que "el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los Derechos Humanos".