Un tribunal peruano ha condenado a penas de 30 años de cárcel a dos militares retirados acusados de asesinar a 53 campesinos en 1983, en pleno auge de la lucha contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso, mientras que el Estado deberá indemnizar a los familiares de las víctimas con hasta 108.000 dólares.