Amnistía Internacional ha denunciado que las políticas y leyes aplicadas en El Salvador para combatir la inseguridad, enmarcadas bajo el paraguas de un estado de excepción, han llevado al país a "una de sus peores crisis" en materia de Derechos Humanos desde el fin de la guerra civil, con "un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas".