La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) --el tribunal surgido de los acuerdos de 2016-- ha calificado de genocidio el exterminio que mató a unas 5.730 personas, entre simpatizantes, candidatos, cargos públicos y miembros de la Unión Patriótica (UP), surgida en 1985 como parte de una propuesta de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).