La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha presentado sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes 32130 y 32107 por considerar que violan los preceptos recogidos en la Constitución peruana por transferir la competencia de la investigación penal a la Policía en el caso de la primera y por suponer una "amnistía de facto" para delitos de lesa humanidad perpetrados durante la década de 1980 en el de la segunda.