Derechos Humanos
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   MADRID, 10 Dic. (Notimérica) -

   Hace 68 años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse por el respeto a los derechos y libertades de las personas bajo el principio de universalidad.

   Cada 10 de diciembre se celebra el Día de Universal de los Derechos Humanos con el objetivo de valorar cuales han sido los avances en las libertades fundamentales de expresión, de culto y la libertad de vivir sin temor ni miseria.

   A pesar de las altas expectativas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), su cumplimiento continúa experimentando una lenta evolución en la que participan los países iberoamericanos. Así lo indica el 'Informe Mundial 2016' presentado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) el pasado mes de enero.

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   El tráfico ilegal de drogas, los abusos militares, las condiciones carcelarias, la explotación sexual y el trabajo infantil son algunos de los factores que se estudian en dicho informe, en el que llama la atención la situación de 12 países de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es su situación?

ARGENTINA

   Una de las principales preocupaciones de la situación en Argentina es la amenaza de la libertad de expresión, que muchas veces se ve mermada por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por policías. La otra es la violencia de género, cuyos niveles continúan creciendo a pesar de la plataforma 'Ni Una Menos'.

   No obstante, el país ha logrado avances de diversa índole, entre ellos, los que tienen relación a los derechos del colectivo LGBT y el enjuiciamiento de abusos cometidos durante el 'terrorismo de Estado' entre 1976 y 1983.

   Además, se han logrado progresos en la identificación de personas desaparecidas durante la dictadura y del reencuentro con sus familias biológicas. Sin embargo, los juicios siguen siendo muy lentos, además de que no se ha esclarecido el paradero de algunas víctimas.

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   El acceso a la información está restringido porque no existe una ley nacional que asegure el acceso público a nivel local, provincial y nacional. Además, las cárceles siguen teniendo graves problemas de sobrepobalción, además de que se conoce el mal trato por parte de los funcionarios a los reos.

BOLIVIA

   La impunidad por delitos violentos y violaciones de los Derechos Humanos sigue siendo un problema grave para Bolivia, un país que llama la atención a nivel global debido al enorme clima hostil en el que se encuentran los defensores de los DDHH bajo el Gobierno de Evo Morales.

   Durante los gobiernos autoritarios que se sucedieron desde 1964 hasta 1982, se dieron abusos masivos de estos derechos y libertades, cuyos funcionarios militares continúan impunes, mientras que unos pocos han sido juzgados. También persiste la impunidad de actos de discriminación por motivos de orientación sexual.

   La situación carcelaria tampoco presenta mejores condiciones, ya que más del 70 por ciento de los presos no ha recibido condena. Esto sugiere el extendimiento de la prisión preventiva y su consecuente demora judicial, lo que lleva a estar entre rejas a unos 14.000 detenidos --en lugares cuya capacidad máxima es de 5.126 personas-- en circunstancias deficientes.

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   En general, el Gobierno de Morales presenta diversos altibajos: mientras que contempla garantía para los derecechos de las poblaciones indígenas --según la Constitución de Bolivia de 2009-- permite el trabajo infantil desde los 10 años, siendo el primer país del mundo en legalizar el trabajo desde tan temprana edad.

BRASIL

   Como en Bolivia, los centros de detención de Brasil están afectados por una enorme sobrepoblación que determina una atmósfera de violencia y hacinamiento que perjudica gravemente la salud de los presos debido a las malas condiciones sanitarias.

   La seguridad pública tampoco sigue un buen camino si se tiene en cuenta el alto índice de muertes por funcionarios públicos en el país, especialmente en Río de Janeiro, donde el año pasaron murieron cerca de 600 personas a manos de policías. De hecho, en varios estados se ha registrado la implicación de estos en ejecuciones perpetradas por escuadrones de la muerte.

   A nivel social, la libertad de expresión está muy restringida. Periodistas y blogueros se juegan la vida cuando escriben sobre política, corrupción o delincuencia, temas tabú que llevan a la tortura y posterior ejecución. Algo similar ocurre a nivel rural, donde los conflictos por la posesión de tierras comprenden uno de los principales problemas nacionales, ya que unas 46 personas fueron asesinadas por grandes terratenientes o madereros ilegales.

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   La especial implicación estatal en la defensa del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos se contrapone a la prohibición del aborto --salvo en casos de violación o anencefalia-- y a las penas de prisión de hasta tres años para aquellas mujeres que se someten a abortos ilegales.

CHILE

   Los asesinatos masivos y casos de tortura perpetrados durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) continúan siendo una incógnita para el futuro del país, marcado por el hermetismo y la falta de garantías para las condenas de sus ejecutores.

   La investigación de los más de mil casos de violaciones de Derechos Humanos cometidos durante la dictadura ha dejado tan solo unas 344 sentencias definitivas, ya que en muchos casos se han reducido las condenas en la última instancia de apelación, aduciendo que el tiempo transcurrido sdesde el delito justifica penas menos severas.

   La tortura no es una característica específica del régimen 'pinochetista', sino que aún se dan casos de violaciones de Derechos Humanos en las penitenciarías e, incluso, en las calles. La Justicia militar continúa conociendo casos de abusos cometidos por carabineros, cuyas demandas son desestimadas.

   Aunque con frecuencia se difundan grabaciones en las que los funcionarios golpean o maltratan a los manifestantes, en la mayoría de las ocasiones los carabineros quedan impunes. Además, las cárceles chilenas presentan las mismas graves condiciones de salubridad que las del resto de centros penitenciarios iberoamericanos.

   A pesar de que el Congreso de Chile tramitó durante el pasado año un conjunto de reformas para fortalecer las garantías de los Derechos Humanos (DDHH), aún no se han visto resultados por parte del Ejecutivo de Michelle Bachelet. Entre estos cambios, se meditaba la despenalización del aborto.

COLOMBIA

   A pesar del acuerdo de paz en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el país cuenta con ataques por parte de los grupos guerrilleros y de los criminales.

   Mientras que los primeros cometieron graves abusos contra civiles en el municipio de Tumaco durante 2015, los segundos han sido responsables de numerosos secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, especialmente en el Departamento de Chocó.

   La violencia de género continúa siendo una lacra para el país, aunque en pasado año el Gobierno promulgó una ley que tipifica el 'feminicidio' y establece amplias medidas de prevención y tratamiento. Sin embargo, los responsables del maltrato a las muejres pocas veces son llevados ante la justicia.

   El escándalo de los 'falsos positivos' --civiles enañados con falsas promesas de trabajo por el Ejército colombianoque fueron asesinados y presentados como guerrilleros 'dados de baja' en combate-- sigue conmocionando al país. De los más de 3.700 casos de ejecuciones ilegales supuestamente perpetradas por agentes del Estado entre los años 2002 y 2008, solamente han sido condenados 22 militares.

   Por otra parte, los activistas, defensores de los Derechos Humanos y los sindicalistas continúan recibiendo amenazas de muerte. A pesar de que existe un programa del Ministerio del Interior que asigna les asigna protección y escoltas, decenas de ellos son asesinados y torturados.

El registro del programa gubernamental de protección a los defensores de los Derechos Humanos 'Somos defensores' reportó el pasado mes de agosto un total de 35 asesinatos durante el primer semestre del año. "Cada dos días fue agredido un defensor (a) y cada cinco fue asesinado uno (a) de ellos (as)", indica el informe.

CUBA

Los grupos de periodistas y defensores de los Derechos Humanos también han sido objeto de amenazas y detenciones arbitrarias durante estos años. Con la reciente muerte de Fidel Castro, la situación podría dar un giro fundamental como parecía haber sucedido tras la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos el pasado 2014.

El Gobierno cubano liberó a 53 presos políticos pero, a pesar de sus promesas, el informe anual de HRW continúa recogiendo violaciones a los derechos fundamentales de las personas, entre ellas, destacan la falta de libertad de expresión y el encarcelamiento de ciudadanos contrarios al régimen de Castro. Éstos no tienen derechos básicos como el de participar en audiencias públicas frente a un tribunal imparcial y competente.

Por otro lado, la libertad de expresión es prácticamente nula. El Gobierno controla casi todos los medios de comunicación y supone un obstáculo para los periodistas y blogueros nacionales, cuyos artículos no pueden leerse dentro de las fronteras del país caribeño. Así, el acceso a la información es un lujo, debido a sus limitaciones y altos costes.

Por si fuera poco, aunque los residentes cubanos no necesitan solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla desde 2013, el Gobierno puede controlar y restringir el derecho a viajar por motivos de "defensa y seguridad nacional" u "otras razones de interés público".

Teniendo en cuenta que el Ejecutivo niega el reconocimiento de la defensa de los Derechos Humanos como una actividad legítima, no es de extrañar que dichas restricciones se trasladen a los centros de detención, cuyas celdas están sobrepobladas y los presos trabajan durante 12 horas diarias en condiciones deplorables.

ECUADOR

El Gobierno del presidente Rafael Correa ha ampliado el control estatal sobre los medios de comunicación y la sociedad civil, donde las manifestaciones se multiplican constantemente y las fuerzas de seguridad han respondido con un uso excesivo de la fuerza la mayoría de las veces.

Las personas que participan en estas protestas han sido acusadas de "terrorismo" y "sabotaje" por parte de los fiscales y jueces de Ecuador, lo que supone una nueva forma de censura social. Esta situación se traslada a los medios, que se rigen bajo la Ley Orgánica de Comunciación de 2013, la cual establece que toda la información difundida debe ser "verificada' y precisa".

Los periodistas no pueden ejercer la libertad de expresión --ya que reciben amenazas de muerte anónimas-- además de que se restringen las noticias desfavorables a las autoridades. Lo mismo ocurre con los activistas, quienes son perseguidos si cuestionan abiertamente las políticas gubernamentales.

Además, el aborto es legal siempre y cuando el embarazo sea consecuencia de una violación a una mujer "con discapacidad mental", por lo que muchas mujeres recurren a la práctica de abortos ilegales y mueren debido al desconocimiento de técnicas y la falta de condiciones de salud y protección durante el aborto.

Recientemente, Correa instó la necesidad de que Iberoamérica cuente con un sistema de Derechos Humanos propio que responda a sus principios, valores y culturas. Esta arrogante y paradójica propuesta fue afirmada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, colocando a Ecuador como "un ejemplo de buenas prácticas" en la materia, según su presidente, Roberto Caldas.

GUATEMALA

Los esfuerzos de Guatemala por promover la justicia por atrocidades de Derechos Humanos cometidos durante la guerra civil (1960-1966) no han tenido los resultados esperados. Allí, la violencia y extorsión perpetradas por las organizaciones delictivas siguen siendo una práctica común.

Continúan existiendo altos niveles de impunidad, a pesar de que en el año 2013 se condenara a cinco miembros de las fuerzas especiales del Ejército por su participación en uno de los acontecimientos históricos más escalofriantes: la masacre de Dos Erres, en 1982.

Se conocen casos de ejecuciones extrajudiciales con frecuencia, además de delitos de corrupción. Además, HRW reporta la persistencia de actos de violencia e intimidacióncontra defensores de los DDHH, sindicalistas y periodistas.

Otro de los temas preocupantes en Guatemala es la situación en la que se encuentran los indígenas, donde casi la mitad de la población del país es maya, xinca o garínfuna. La cobertura de la Justicia a lo largo y ancho del país es insuficiente y el Gobierno no cuenta con un extenso e inclusivo sistema educativo y las bajas cifras de escolarización son alarmantes.

HONDURAS

El país centroamericano presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Los avances son lentos y escasos y la población se encuentra en una constantes situación de vulnerabilidad, especialmente los periodistas, activistas, campesinos y miembros del colectivo LGBT.

Las investigaciones soobre los absusos policiales se caracterizan por la impunidad, la ineficiencia y la corrupción. Las autoridades no juzgan delitos contra periodistas aunque en mayo de 2015 se promulgó una ley para proteger a los defensores de los Derechos Humanos.

La violencia rural supone otra amenaza para el país, ya que las organizaciones campesinas se enfrentan a las empresas agroindustriales, ya que estas reclaman ser las propietarias legítimasde tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria en 1992.

Las cárceles, los menores y los homosexuales son los tres pilares en los que se fundamenta la injusticia del país. Los centros de prisión no tienen medidas mínimas de salubridad, como tampoco se respeta su capacidad máxima, duplicando la cifra de presos.

Los menores se encuentran expuestos a altos niveles de violencia, fruto de las pandillas armadas, que los reclutan y los presionan para formar parte de sus filas. Esto hace que muchos de ellos se dirijan al norte, concretamente a México. Mientras, la violencia homofóbica crece cada día, a pesar de las denuncias de asesinatos a personas del colectivo LGBT.

MÉXICO

Los principales problemas que persisten en el país son las restricciones a la libertad de prensa, a la atención de la salud y al acceso a derechos reproductivos. Por su parte, las desapariciones forzadas continúan siendo alarmantes, concretamente desde el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Hasta el momento, ninguna persona ha sido condenada, además de que se producen con regularidad asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas. Asimismo, la tortura sigue siendo una práctica común para la recogida de información y las detenciones se producen arbitrariamente.

Las golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abusos sexuales son algunos de los métodos empleados por las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado.

Aunque se especifica la implementación de varias normas que mejor en el acceso a cuidados paliativos o el matrimonio homosexual sea legal desde el año 2010, las contribuciones gubernamentales a nivel social siguen siendo pocas. Las mujeres son marginadas y están desprotegidas en el derecho mexicano, además de que a aquellas que tienen discapacidad psicosocial se les niega el derecho a la reproducción.

PERÚ

El abuso de la autoridad continúa siendo uno de los principales obstáculos del desarrollo de los DDHH en Perú. A pesar de que en el reglamento policial se prohíbe que las fuerzas de seguridad utilicen armas letales durante las protestas , se siguen usando, como también se aportan pruebas falsas por supuestos actos violentos que incriminan a los manifestantes.

Además, los juicios por abusos durante el conflicto armado que se desarrolló en el país entre 1980 y el año 2000, continúan sin avanzar. Hasta noviembre de 2015, el dos por ciento de los casos de los Derechos Humanos durante el conflicto fueron llevados a juicio.

Uno de los condenados por la muerte o desaparición forzosa de cerca de 70.000 personas que sufrieron atrocidades por parte de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes es el expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado solamente a 25 años de cárcel en 2009.

Se conoce que cerca de 315.000 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar de Fujimori. Solo el 10 por ciento de ellas dio su "consentimiento genuino". En la actualidad, la situación de la mujer no ha mejorado. Las altas tasas de feminicidios y la imposibilidad de abortar --excepto si se pone en riesgo la salud de la madre-- marcan la desprotección femenina.

REPÚBLICA DOMINICANA

República Dominicana presenta los mismos factores que se dan en el resto de países iberoamericanos: cárceles colapsadas, falta de Derechos Humanos y violencia machista. Además, se añade un cuarto dato fundamental: las deportaciones de inmigrantes y las migraciones.

Una sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional despojó de nacionalidad y ciudadanía dominicana a decenas de miles de personas que, a pesar de la adopción de la Ley de Naturalización de 2014 propuesta por el presidente, Danilo Medina, no ha mejorado sus condiciones. Muchos ciudadanos continúan bajo la amenaza de ser deportados.

El aborto fue despenalizado en febrero de 2014, sin embargo, recientemente la Suprema Corte de Justicia decidió reestablecer la prohibición penal absoluta del aborto, que data del siglo XIX. Además, no se permite el matrimonio homosexual y no ha creado ninguna ley que proteja la situación del colectivo LGTB.

VENEZUELA

Para la organizaicón internacional Human Rights Watch, el deterioro de las garantías de los Derechos Humanos en Venezuela está presente desde que se encuentra bajo el poder del 'chavismo'. Todo aquel que no siga las directrices del régimen es perseguido, detenido, juzgado o --en el caso de los políticos-- inhabilitado para postularese a cargos públicos.

Los ciudadanos son procesados penalmente por participar en manifestaciones pacíficas y el problema de la inseguridad sigue estando latente desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013. El presidente ha movilizado a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad para evitar la venta ilegal de productos con desabastecimiento.

Esta orden se ha transformado en detenciones, allanamientos ilegales de hogares y abusos verbales y físicos hacia la población. Además, estos ciudadanos no pueden informarse de manera libre a través de los medios de comunciación, ya que el Gobierno ha ampliado su poder sobre ellos.

El derecho a la salud está muy limitado, ya que el Ejecutivo no asegura la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos e insumos esenciales, de manera que los quirófanos y los laboratorios no disponen de los medios suficientes para funcionar correctamente.

¿QUÉ DICE AMNISTÍA INTERNACIONAL?

El pasado mes de febrero Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en el que se especificaba la situación actual de los países de la región de Iberoamérica respecto al combate de la discriminación, la violencia, la desigualdad, la inseguridad y la falta de garantías.

Durante 2015, América Latina y el Caribe albergaban a 8 de los 10 países más violentos del mundo, y en cuatro de ellos --Brasil, Colombia, México y Venezuela-- se cometían uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial. Además, el informe asegura que tan solo 20 de cada 100 homicidios llegan a ser condenados.

La inseguridad, violencia y las dificultades económicas en Cetroamérica y México hizo que un número cada vez más alto de personas --en particular menores no acompañados-- a abandonar sus hogares y cruzar las fronteras en busca de una mejor calidad de vida.

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